Popayán vive una creciente controversia en torno al funcionamiento de su Secretaría de Tránsito, una dependencia que hoy enfrenta serias acusaciones por supuestos vínculos políticos, decisiones irregulares y un modelo financiero que dejaría más ganancias a empresas privadas que a la ciudad.
De acuerdo con fuentes políticas y administrativas, la actual secretaria de Tránsito, Lizeth Vanessa Plazas Quibano, habría llegado al cargo con el respaldo del representante a la Cámara Jorge Hernán Bastidas Rosero, influencia que, según denuncias, habría permeado la toma de decisiones internas, desde contratos hasta sanciones disciplinarias.
Red política y comparendos anulados
La polémica tomó fuerza tras una publicación del Periódico Virtual, que reveló la anulación de comparendos a familiares del congresista Bastidas, entre ellos su madre y su esposa. Las resoluciones, firmadas por la propia secretaria, habrían borrado sanciones que superaban los $25 millones, bajo justificaciones como suplantación o errores de notificación.
Si estos hechos se comprueban, podrían configurar prevaricato, abuso de autoridad o tráfico de influencias, delitos que golpearían la credibilidad de la entidad encargada de garantizar la transparencia en la movilidad. Mientras tanto, ciudadanos denuncian que la dependencia concentra sus esfuerzos en reactivar comparendos próximos a prescribir, extendiendo su vigencia por cinco años más y afectando a miles de payaneses que creían cerrados sus procesos.
Fotomultas y abandono vial
A las denuncias políticas se suma un modelo financiero desigual, donde el 80 % de los recursos de las fotomultas iría a una empresa privada de Medellín, dejando apenas un 20 % para el municipio. No obstante, ese dinero no se ve reflejado en mejoras de la malla vial, señalización o educación ciudadana.
