En un impactante desarrollo judicial, la Fiscalía General de la Nación ha presentado ante un juez con función de control de garantías en Neiva, a Jonathan Peña, un individuo señalado de ofrecer dinero a un menor de 15 años para mantener relaciones sexuales con él. Este caso ha generado una ola de indignación en la comunidad, resaltando la importancia de la protección de los derechos de los niños y adolescentes en el país.
Delito imputado
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Huila ha imputado a Peña por los delitos de explotación sexual con persona menor de 18 años y acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir. Estos cargos reflejan la gravedad de los actos cometidos y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades.
Un engaño peligroso
Los hechos que han llevado a esta situación se remontan a septiembre de 2024, cuando, según la investigación, Peña utilizó una falsa oferta laboral para citar al adolescente en una zona boscosa del municipio de Palermo. En este lugar, se presume que el acusado hizo el ofrecimiento ilegal al menor, quien, al negarse, se convirtió en víctima de un acto atroz.
La negativa del joven a las pretensiones de Peña aparentemente provocó que el hombre le suministrara una sustancia química que afectó su voluntad. Este acto de manipulación y abuso culminó en un ataque sexual que ha dejado una profunda huella en la vida del menor.
Reiteración del abuso
Tres días después del primer encuentro, Peña volvió a contactar al joven, esta vez con la excusa de llevarlo a una finca para trabajar. Sin embargo, en un lugar desconocido, se repitieron las mismas conductas delictivas, que culminaron en tocamientos de índole sexual contra el adolescente. Este patrón de comportamiento revela la peligrosidad del acusado y la urgencia de su captura.
Negación de cargos
La captura de Jonathan Peña fue llevada a cabo por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la policía de infancia y adolescencia. A pesar de las evidencias en su contra, el procesado ha negado su responsabilidad frente a los cargos. Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado que cumpla una medida de aseguramiento en un centro carcelario, lo que subraya la seriedad de las acusaciones y la necesidad de proteger a la comunidad.
Este caso no solo pone de relieve la vulnerabilidad de los menores ante situaciones de abuso, sino que también sirve como un llamado a la conciencia colectiva. La sociedad debe unirse para proteger a los más jóvenes y garantizar que se tomen medidas efectivas para prevenir este tipo de delitos. La Fiscalía y las autoridades competentes están trabajando arduamente para llevar a los responsables ante la justicia, pero la colaboración de la comunidad es esencial.
