La controversia reciente sobre la alcaldesa Viviana Paola Martín Arévalo, quien gobernó el municipio de 2020 a 2023, ha generado intenso debate en la comunidad. Tras su intento de reelección, en el que ocupó el segundo lugar, Martín Arévalo aceptó un puesto en el concejo municipal como opositora. Sin embargo, su decisión de no asumir el cargo ha desatado una serie de complicaciones legales que podrían tener consecuencias irreversibles en su carrera política.
Sucesos
Según informes, Viviana Paola Martín Arévalo renunció a su cargo ante la Registraduría del municipio. Argumentó que quería desvincularse del concejo antes de asumir. No obstante, esta acción no se alinea con el procedimiento legal requerido, según expertos en derecho. La normativa estipula que una vez electo, un concejal debe tomar posesión del cargo antes de presentar su renuncia. La falta de este paso esencial ha llevado al Consejo de Estado a declarar la pérdida de investidura, lo que implica que Martín Arévalo se enfrenta a la muerte política, impidiéndole ejercer cargos públicos en el futuro.
La controversia se intensificó cuando la alcaldesa manifestó su decisión de no poseer el curul, lo que generó confusión y descontento entre los ciudadanos. «Es preocupante ver cómo una figura pública no cumple con los procedimientos establecidos. La comunidad merece claridad y respeto por las instituciones», comentó un analista político de la región.
Plazo
A pesar de la gravedad de la situación, la sentencia del Consejo de Estado tendrá un periodo de gracia de 30 días. Esto significa que Martín Arévalo no será destituida de inmediato. Durante este tiempo, la comunidad espera un pronunciamiento definitivo de la alcaldesa, quien no ha ofrecido declaraciones hasta ahora.
La situación ha generado un clima de incertidumbre en Chivor. Los ciudadanos, que en su momento apoyaron a Martín Arévalo en su búsqueda por un segundo mandato, ahora se sienten desilusionados y buscan respuestas sobre el futuro político del municipio. «Es fundamental que la alcaldesa se pronuncie. Necesitamos saber qué va a pasar con la administración y con el concejo», expresó un líder comunitario que pidió el anonimato.
El impacto de esta controversia va más allá de la figura de la alcaldesa; también plantea interrogantes sobre el futuro de la política local y la confianza de los ciudadanos en sus representantes. La situación ha abierto un debate sobre la importancia de seguir los procedimientos legales y la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus deberes.
A medida que transcurre el tiempo, la atención de los medios y la comunidad se centra en la respuesta de Martín Arévalo y en las posibles repercusiones que esta decisión pueda tener en su carrera.
