La sanción judicial contra el alcalde de Gigante refleja un patrón repetido: promesas incumplidas y manipulación de líderes comunitarios. En 2023, la justicia ordenó construir un sistema de alcantarillado en el barrio El Carmen, pero la administración local se limitó a dilatar el proceso con discursos vacíos y compromisos que nunca se cumplieron. Como denuncian los habitantes: “Vamos a hacer y nunca hacemos nada”.
La comunidad, cansada de la inacción, decidió acudir a instancias legales. Liderados por Hamilton, un representante del sector, radicaron incidente de desacato con apoyo de una veeduría, logrando que el juez actuara.
Multa, arresto y presión social
La decisión judicial obliga ahora a la administración a responder con hechos. El fallo no solo impone arresto y multa a los funcionarios responsables, sino que además forzó la destinación de más de 290 millones de pesos para iniciar la obra. Según la denuncia ciudadana, el material ya fue trasladado al barrio, lo que muestra que los recursos existían, pero la voluntad política no.
La sanción evidencia la negligencia y el irrespeto institucional hacia la comunidad, que tuvo que recurrir a la justicia para acceder a un derecho básico. En palabras de líderes locales, lo ocurrido es una “victoria amarga”, pues, aunque finalmente la obra comenzará, el costo político recae en una administración que se ha caracterizado por incumplir y justificar con excusas su falta de gestión.
En Gigante, el alcantarillado será construido, pero el desprestigio ya quedó marcado: la justicia obligó a gobernar donde la voluntad nunca llegó.
