La violencia sigue afectando a diversas regiones del país. En las últimas horas, se han reportado dos nuevos casos de desplazamiento forzado en los municipios de Yondó (Antioquia) y Nariño (Antioquia), debido a enfrentamientos armados y amenazas de grupos ilegales.
Desplazamiento en Nariño, Antioquia
Las autoridades del municipio de Nariño, en el oriente antioqueño, investigan una presunta incursión de disidencias de las extintas FARC en la vereda Guamal. Según denuncias, hombres armados habrían pintado fachadas de viviendas y negocios con mensajes alusivos a su grupo y establecido condiciones para la comunidad.
Entre las acciones reportadas, se encuentra la orden de desplazamiento a una familia, la cual acudió a la Personería para denunciar el hecho y solicitar ayuda humanitaria. También se habla de otra familia que habría salido del sector por temor a represalias.
Ante esta situación, la administración municipal convocó un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la problemática y definir medidas para proteger a la población. Entre tanto, la inteligencia militar investiga posibles disputas entre grupos irregulares en la zona.
Setenta firmantes de paz desplazados en Yondó
Un caso similar se reportó en el corregimiento San Francisco de Yondó, en el Magdalena Medio, donde setenta firmantes de paz, pertenecientes a la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Omaira Díaz, debieron abandonar el territorio junto con sus familias y desplazarse hacia el municipio de Puerto Parra, Santander.
La salida de los reincorporados se debe a los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que se han intensificado en el sur de Bolívar y el Nordeste antioqueño, así como a amenazas directas contra los firmantes. Según el observatorio de paz Pazes, el pasado 13 de febrero, presuntos miembros del ELN habrían ingresado al espacio de reincorporación para amenazarlos y ordenar el corte del servicio de internet. Además, en las cercanías de la NAR se habría instalado un campamento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El desplazamiento de los firmantes ocurre en medio de constantes exigencias al Gobierno Nacional para que garantice su seguridad y brinde condiciones para su reincorporación efectiva. Sin embargo, las respuestas han sido insuficientes, dejando a esta población en una situación de vulnerabilidad creciente.
Estos hechos ponen en evidencia la preocupante situación de orden público en distintas regiones del país y la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad para garantizar la vida y derechos de las comunidades afectadas por la violencia.