El 28 de julio de 2025, durante la histórica lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se registraron enfrentamientos entre simpatizantes y detractores en las inmediaciones del Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.
Según reportes de medios y redes sociales, ciudadanos con pancartas y banderas, coreando consignas a favor de Uribe como “Uribe inocente, el pueblo está presente”, se opusieron directamente a un grupo opuesto que portaba carteles críticos del expresidente. Las tensiones llevaron incluso a altercados físicos, incluyendo empujones y agresiones menores, mientras la prensa y espectadores observaban atónitos.
¿Qué se leía dentro?
La jueza Sandra Liliana Heredia, a cargo del caso, dio lectura al fallo preliminar en el que se involucran acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos contra Uribe. Durante su intervención, la magistrada avaló interceptaciones telefónicas entre el expresidente y su abogado, Diego Cadena, y revisó testimonios clave como los de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez, quienes fueron considerados consistentes y creíbles.
En sus palabras, reiteró que “la toga no tiene género, pero sí carácter”, instando al respeto por el proceso judicial y rechazando las insinuaciones políticas que han rodeado este caso.
Impacto judicial y político
Este juicio representa un punto de inflexión en la historia judicial de Colombia: posiblemente el primer proceso penal de gran escala contra un expresidente del país, con potencial de sentenciar a Uribe entre 6 y 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad y modalidad de la condena.
Además del ámbito judicial, el caso ha encendido el debate político. Analistas han señalado que tanto la condena como la absolución podrían ser utilizadas por el uribismo como narrativa de “victimización” político‑judicial o como prueba de su “presunta inocencia” frente a adversarios ideológicos.
Polarización social al límite
Las manifestaciones reflejan el nivel de fractura política del país. Los seguidores de Uribe aseguran que el juicio es parte de una persecución política (similar al discurso del “lawfare”), mientras que sus críticos exigen justicia y transparencia. Esta polarización se remonta también al debate sobre la parapolítica y vínculos del expresidente con el Bloque Metro, revelaciones que han sido cuestionadas por la defensa y los sectores uribistas.
El juicio no solo definirá el destino jurídico de Álvaro Uribe, sino que reflejará la tensión entre justicia e ideología en la sociedad colombiana. Las protestas en torno a la audiencia evidencian cómo este caso trascendió el ámbito legal para convertirse en un símbolo de la lucha por la credibilidad institucional y la democracia en Colombia.