Colombia ha decidido poner la región amazónica en el centro del debate internacional, impulsado no solo por las tensiones regionales con Perú, sino por el impulso de la próxima Cumbre de Presidentes Amazónicos de la OTCA. El crimen organizado ha fortalecido su presencia en la zona fronteriza entre Colombia, Perú y Ecuador, configurándose un “estado paralelo” que desafía la gobernabilidad estatal. La cumbre abordará la exigencia de una Amazonía libre de combustibles fósiles y la participación activa de las comunidades indígenas, en un contexto en que el presidente brasileño, Lula da Silva, promueve la exploración petrolera como vía de transición energética, una visión rechazada con firmeza por el presidente colombiano Gustavo Petro.
Se anticipa una declaración conjunta al final de la cumbre, aunque el hidrocarburo podría quedar fuera oficialmente de la agenda, en parte por la fuerte oposición del gobierno colombiano. Junto a los temas ambientales, la cogobernanza indígena y el acceso directo a financiamiento climático se perfilan como puntos clave. En medio de este escenario, el contexto político interno —como la liberación del expresidente Álvaro Uribe y los movimientos del uribismo tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay— pone presión sobre el gobierno y recalca la tensión entre las agendas ecológicas e institucionales del país.
