En un importante pronunciamiento, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar de la Corte Constitucional, encargado de resolver el caso, dio a conocer que finalmente se ha resuelto el dilema jurídico sobre la competencia para conocer la demanda interpuesta por varios residentes afectados por la construcción del embalse El Quimbo.
Luego de años de incertidumbre y dilaciones judiciales, los jueces involucrados en el caso se «tiraban la pelota» respecto a quién debía tramitar la demanda, lo que retrasó considerablemente el proceso.
Proceso jurídico de siete años
El conflicto comenzó el 23 de junio de 2017, cuando varios residentes de las áreas afectadas por la represa demandaron a la multinacional Enel (anteriormente Emgesa S.A. E.S.P.) exigiendo que se reconociera la responsabilidad de la empresa por los perjuicios ocasionados por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Los demandantes argumentaron que la puesta en marcha del embalse, que comenzó el 30 de junio de 2015, afectó gravemente sus fuentes de ingreso, por lo que pedían que se les repararan los daños económicos y sociales.
El largo peregrinaje judicial
La demanda fue inicialmente repartida al Juzgado 009 Administrativo de Neiva, pero en 2017 este juzgado decidió que no tenía jurisdicción para conocer el caso, enviando el expediente a los juzgados civiles de Garzón.
En 2019, el Juzgado Civil de Garzón emitió una sentencia favorable para los demandantes, pero la empresa Enel apeló la decisión, lo que llevó el caso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Sin embargo, este tribunal también declaró su falta de competencia, lo que resultó en un vaivén de trámites entre diferentes jurisdicciones, prolongando aún más la incertidumbre para los afectados.
El fallo de la Corte Constitucional
Finalmente, en 2024, el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva argumentó que no tenía competencia, y la Corte Constitucional determinó que el Tribunal Superior de Neiva es el competente para resolver el caso.
La Corte resolvió el conflicto de competencia y afirmó que la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, tiene la responsabilidad de conocer y resolver la demanda. Este fallo marca el final de un proceso que duró siete años y que ha tenido un impacto significativo en los afectados por el embalse.
¿Qué sigue para los afectados?
Con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, se espera que el proceso avance en la jurisdicción civil, lo que representa una luz al final del túnel para las víctimas del embalse El Quimbo. Ahora, se espera que las partes involucradas den inicio a los procedimientos necesarios para resolver la demanda por los perjuicios causados por la construcción del proyecto hidroeléctrico. Este caso resalta la importancia de la justicia oportuna en los procesos de reparación a las comunidades afectadas por grandes proyectos de infraestructura.