El debate alrededor del proyecto de endeudamiento aprobado por el Concejo Municipal de Baraya continúa generando tensiones políticas, jurídicas y administrativas en el municipio. Según lo expuesto por Hamilton Cardoso, presidente del Concejo, la iniciativa presenta serios vacíos legales y posibles vicios de trámite.
Inconsistencias
De acuerdo con Cardoso, el acuerdo fue aprobado sin contar con el concepto técnico del Departamento Nacional de Planeación, requisito clave para este tipo de autorizaciones financieras. Este mismo documento, recordó, fue la razón por la cual la Gobernación del Huila objetó un empréstito similar en otro municipio del departamento. Para el presidente del Concejo, este antecedente evidencia un trato desigual frente a decisiones que deberían evaluarse bajo los mismos criterios jurídicos.
Demanda
El debate se intensificó con la demanda de nulidad simple presentada por el concejal y abogado Jorge Eduardo Perdomo ante un juzgado administrativo de Neiva. Sin embargo, la acción fue inadmitida inicialmente por errores formales, entre ellos la incorrecta identificación del acto demandado. Aunque el demandante presentó subsanación, el proceso continúa en una etapa preliminar sin decisión de fondo.
Un terreno en controversia
Uno de los puntos más sensibles del debate es la inclusión de obras sobre un predio que no pertenecería al municipio. Según lo expuesto, se proyectó intervenir el antiguo colegio Antonio Baraya, pese a que el terreno sería propiedad de la institución educativa. Esta situación, advierte Cardoso, podría configurar graves responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso penales.
Ejecución
Pese a las alertas, el alcalde habría insistido en ejecutar el acuerdo, adelantando gestiones para concretar el empréstito. Para el presidente del Concejo, esta decisión profundiza la crisis institucional y deja interrogantes sobre el futuro administrativo y político del municipio. El caso mantiene la atención ciudadana y refuerza la exigencia de mayor control político, transparencia y respeto por la legalidad en la gestión pública local. Desde distintos sectores se espera un pronunciamiento de los entes de control que esclarezca responsabilidades y garantice seguridad jurídica para evitar consecuencias futuras que afecten la confianza institucional y el manejo de los recursos públicos municipales en Baraya durante la actual vigencia administrativa y el periodo fiscal en curso local vigente.
