Contratistas de la administración habrían recibido llamadas para medir preferencias políticas.
Un curioso movimiento político generó preguntas en Ibagué luego de que personas vinculadas contractualmente con la Administración Municipal, el IBAL y el INFIBAGUÉ aseguraran haber recibido llamadas durante el pasado puente festivo. Según la información conocida, detrás del contacto estaría una supuesta firma encuestadora interesada en conocer percepciones sobre el panorama político de la ciudad.
De acuerdo con audios suministrados a un medio de comunicación, la llamada habría durado cerca de un minuto y comenzaría con una pregunta sobre las principales necesidades de Ibagué. Sin embargo, el cuestionario habría tomado rumbo electoral.
Para la Asamblea del Tolima, según los testimonios, habrían aparecido Iván Alfredo Quesada, Felipe La Rotta y Humberto Leal. Luego, para la Alcaldía de Ibagué, el listado habría incluido a Óscar Berbeo, Harold Urrea, Marco Matheus, César Franco y Cristian David Ávila.
La aparición de Ávila llamó la atención. Su nombre ha venido sonando como una posible carta cercana a la alcaldesa Johana Aranda para buscar continuidad al proyecto político de la actual administración.
La inclusión de varios aspirantes permitiría comparar reconocimiento o respaldo. No obstante, al tratarse de personas vinculadas contractualmente con entidades municipales, surge otra lectura: que el ejercicio pretendiera medir preferencias dentro de ese universo.
Una hipótesis planteada por las fuentes es que el sondeo buscará establecer qué tan competitivo sería Ávila frente a otros candidatos.
Sin embargo, estos antecedentes no permiten determinar quién ordenó la nueva medición ni cuál sería su metodología. Tampoco existe evidencia que permita afirmar que la Alcaldía de Ibagué haya contratado, financiado o autorizado directamente el ejercicio.
Otro interrogante apunta a la identidad de la supuesta empresa. Según la información recibida, los encuestadores se habrían presentado como integrantes de “Empresa de Estudios de Opinión ST”, pero existen dudas sobre su trayectoria y procedencia.
También queda una pregunta clave: ¿cómo obtuvieron los números telefónicos de los contratistas? Varias personas habrían recibido llamadas similares y algunas desde un mismo número. Uno de los contratistas habría grabado parte de la conversación, aunque decidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.
Por ahora, lo comprobable es que personas relacionadas contractualmente con la Alcaldía, el IBAL e INFIBAGUÉ aseguran haber sido contactadas para responder preguntas políticas.
La gran incógnita permanece: quién está detrás del sondeo, qué información busca y cómo podría utilizarse. Mientras no aparezcan respuestas oficiales, el cuestionario seguirá rodeado de interrogantes.
La situación abre interrogantes sobre su origen y finalidad, y sobre el uso posterior de la información recopilada por parte de terceros.
