La justicia colombiana condenará a 138 meses de prisión a Manuel Toledo Julián Dicué, integrante de la estructura disidente de las Farc conocida como ‘Dagoberto Ramos’, tras ser sorprendido instalando un artefacto explosivo en zona rural del municipio de La Plata, Huila. Dicué fue capturado en flagrancia el pasado 24 de mayo de 2024 en el sector Candelaria-Laberinto, vereda Las Mercedes, sobre la vía que conecta a Paicol con La Plata.
Según el fiscal Segundo Especializado, Mario Afanador, no se descarta que la carga explosiva —un cilindro bomba— estuviera dirigida contra unidades de la fuerza pública que patrullan la región. El capturado, miembro de la columna comandada por alias ‘Iván Mordisco’, optó por aceptar su responsabilidad y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para reducir el tiempo del juicio.
Preacuerdo aprobado
El preacuerdo fue presentado el pasado 27 de mayo ante el Juez Primero Penal Especializado de Neiva, quien, tras verificar que cumplía con los requisitos legales, procedió a su aprobación. Como resultado, Julián Dicué será sentenciado a 11 años y seis meses de prisión sin posibilidad de rebaja.
La condena contempla los delitos de terrorismo, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido o privativo de las fuerzas armadas. Esta decisión se fundamentó en pruebas materiales, evidencias físicas e información legalmente recaudada por los investigadores.
Cilindro bomba
El operativo que permitió la captura de Dicué forma parte de los esfuerzos del Estado por neutralizar las acciones terroristas de las disidencias que operan en el occidente del Huila, particularmente en zonas rurales vulnerables por su geografía y limitada presencia institucional.
El fiscal Afanador destacó la gravedad de los hechos y señaló que las pruebas recaudadas permitieron inferir con alta probabilidad de certeza la autoría de Dicué en la planeación de un atentado. “La conducta delictiva existió y la responsabilidad recae en Manuel Toledo Julián Dicué”, enfatizó en la audiencia. Este caso se suma a los múltiples desafíos que enfrenta la justicia colombiana en su lucha contra las estructuras armadas ilegales que continúan sembrando temor en varios departamentos del país. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener las operaciones de control y vigilancia para proteger a la población civil.
