El expresidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra en el centro de un proceso judicial sin precedentes en Colombia, acusado formalmente por la Fiscalía de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Este juicio, que ya lleva más de 40 días, representa la primera vez en más de medio siglo que un exmandatario colombiano es llevado a juicio penal por presuntas irregularidades en el manejo de testimonios durante procesos judiciales.
En caso de que el expresidente Álvaro Uribe sea hallado culpable, podría enfrentar una pena de prisión de entre 6 y 12 años.
A lo largo del proceso, Uribe ha defendido su «buena fe» como servidor público y con insistencia ha negado haber manipulado testigos, argumentando que si hubiera querido hacerlo, lo habría hecho en 2012, cuando fue denunciado por supuestos vínculos con el paramilitarismo, y no en 2018, fecha en la que ocurrieron los hechos materia del juicio.
El proceso se desarrolla en el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, con audiencias que han sido transmitidas públicamente.
En las últimas sesiones, la defensa ha presentado testigos para sostener la inocencia del expresidente, mientras que la Fiscalía y la Procuraduría han insistido en que Uribe tenía pleno conocimiento y responsabilidad en la supuesta estrategia para inducir falsos testimonios y obstruir la justicia. La acusación sostiene que el expresidente instruyó a sus abogados para presentar pruebas obtenidas ilícitamente y manipular declaraciones, lo que configuraría un delito de dolo por determinación.
El juicio también ha contado con la participación de víctimas reconocidas, entre ellas el senador Iván Cepeda, quien ha sido señalado como víctima dentro del proceso, junto con exfiscales generales y familiares de testigos. La jueza Heredia ha rechazado las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa y ha asegurado que las víctimas deben tener acceso a la justicia, fortaleciendo así la legitimidad del proceso.
