El mercado laboral mostró un crecimiento significativo en los últimos diez años, con la creación de cerca de 3 millones de nuevos empleos. Sin embargo, detrás de esa cifra positiva se esconde una tendencia que preocupa a economistas y autoridades: el empleo asalariado privado registrado la forma más estable y protegida de contratación se redujo en el mismo periodo.
Los datos indican que el aumento del empleo se concentró principalmente en actividades informales o independientes, sectores caracterizados por menores ingresos, baja protección social y poca estabilidad. Mientras tanto, la contratación en relación de dependencia formal, fuera del sector público, ha mostrado una contracción sostenida que evidencia dificultades estructurales para generar trabajo de calidad.
Entre las razones señaladas por los expertos se encuentran los altos costos no salariales, la rigidez normativa y la falta de dinamismo en sectores productivos clave. Esta combinación ha llevado a que muchos empleadores prefieran alternativas de contratación más flexibles o directamente informales.
Frente a este escenario, el Gobierno anunció que busca revertir la tendencia mediante una serie de cambios en la legislación laboral, orientados a facilitar la creación de empleo formal, reducir barreras para la contratación y mejorar las condiciones de quienes trabajan sin protección.
La discusión ya está en marcha: mientras algunos sectores celebran la necesidad de modernizar las reglas laborales, otros advierten que cualquier reforma debe garantizar los derechos adquiridos y evitar que la flexibilidad se convierta en precariedad.
