En un arduo proceso de investigación, autoridades judiciales y policiales lograron desarticular una peligrosa red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en diversos sectores de la ciudad de Tunja. La operación, que se extendió durante varios meses, permitió identificar y capturar a varios miembros del grupo delincuencial denominado «OSIRIS», quienes operaban principalmente en puntos estratégicos de la ciudad como el Parque La Biblioteca, el Parque de Los Chorros, la Glorieta Norte, el semáforo de la Sexta, y los barrios Los Parques, Belalcázar, Maldonado, La Granja y Los Muiscas.
Según el proceso investigativo, la organización «OSIRIS» se había infiltrado en diferentes sectores de Tunja, especialmente en la zona norte y alrededores del antiguo terminal de transportes, donde se realizaba la venta de sustancias ilícitas en plena vía pública. Las denuncias de la comunidad, que fueron reiteradas a través de la línea 123 y en encuentros comunitarios con la Policía Nacional, fueron claves para el avance de la investigación.
Los detalles de las pesquisas indicaron que la organización criminal había tenido una estructura establecida, con roles bien definidos dentro de la red. En los primeros momentos, la venta de estupefacientes en la glorieta norte y el Parque Recreacional era liderada por Carlos Aragón, alias «El Negro», quien huyó de la ciudad tras verse involucrado en un homicidio en el barrio Gaitán. Tras su fuga, Enderson Junior Monteriola asumió el control del expendio en esa zona, actividad que fue denunciada constantemente por los residentes. Además, se reveló que Monteriola utilizaba el barrio La Granja como centro de operaciones, lo que fortaleció aún más los lazos de la red criminal con distintos sectores de la ciudad.
La organización también contaba con otros miembros destacados, como Daniel Torres y José Angulo, quienes se encargaban de la comercialización y distribución de estupefacientes en áreas como la glorieta Norte, el parque La Biblioteca y el semáforo de la Sexta. Ambos tenían un papel fundamental en la operación, siendo responsables de la venta directa a consumidores en esos puntos críticos.
Por otro lado, Ali Martínez y Johandry Hernández eran los encargados del expendio en la zona del antiguo terminal de transportes. Martínez, con un extenso historial criminal, registraba doce procesos activos por tráfico de estupefacientes, además de un proceso relacionado con armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Hernández, junto con Fredy Acuña, también involucrado en este sector, había sido previamente señalado en múltiples ocasiones por delitos como el tráfico de estupefacientes, violencia contra servidor público y amenazas.
El caso de Fredy Acuña resulta particularmente llamativo debido a su historial delictivo, con un total de 23 registros como indicado, por una serie de delitos que incluyen tráfico de drogas, violencia y hurto. La captura de Acuña, así como de otros miembros de la banda, fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el juez encargado de autorizar las órdenes de captura en centros penitenciarios, dado el peligro que representaban para la seguridad de la sociedad. Así mismo Jordán Parra quien operaba en el antiguo terminal.