Arnulfo Delgado Rojas, un servidor del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ha sido presentado ante un juez con función de control de garantías tras ser señalado de graves delitos. La Fiscalía General de la Nación acusa a Delgado Rojas de prevaricato por omisión, cohecho propio y concusión, en relación con una investigación de una organización criminal que defraudó a más de 2.000 personas en varios municipios de Boyacá.
Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron durante el año 2023, cuando la Fiscalía ordenó la judicialización de cinco individuos vinculados con una captadora ilegal de dinero del público. Esta organización habría estafado a ciudadanos en Duitama, Sogamoso, Tunja y otras localidades de la región. La falta de acción por parte del funcionario, quien estaba a cargo de liderar la investigación, ha sido el núcleo del caso en su contra.
Natalia Franco Reyes, directora de Fiscalías, detalló que la evidencia recopilada durante la investigación indica que Delgado Rojas, en su rol de investigador principal, habría abusado de su posición para favorecer a los imputados. Según Franco Reyes, el funcionario no solo habría omitido el deber de capturar a los responsables, permitiendo así su fuga, sino que también habría recibido dinero para obstruir el avance del proceso y proporcionar información confidencial a los sospechosos.
“Los documentos y testimonios reunidos sugieren que el acusado, en lugar de cumplir con sus responsabilidades, eligió entorpecer la investigación. Esto no solo permitió la fuga de los imputados, sino que también agravó el impacto del delito sobre las víctimas”, afirmó Franco Reyes. La directora también reveló que se ha encontrado información sobre inversiones realizadas por personas cercanas a Delgado Rojas en la captadora ilegal, lo cual habría constituido un conflicto de interés que debía haber sido declarado.
Por su parte, el exfuncionario ha negado todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, ante la gravedad de los cargos y las evidencias presentadas, el juez decidió privarlo de libertad y confinarlo en un establecimiento carcelario mientras se adelantan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.
