La Contraloría General de Boyacá ha revelado un significativo hallazgo fiscal en el municipio de Tibasosa, que involucra un monto superior a los 3.600 millones de pesos. El hallazgo se refiere a una serie de irregularidades detectadas en un contrato destinado a la construcción de tramos de alcantarillado en el barrio El Progreso, revelando serias deficiencias en la ejecución del proyecto.
De acuerdo con el informe oficial, las irregularidades están vinculadas a dos contratos específicos: el contrato de obra número 03 del 2023, celebrado por la Empresa de Servicios Públicos de Tibasosa, y el contrato de interventoría número 011 del 2023. El propósito del contrato de obra era la ampliación y construcción de tramos de alcantarillado, así como el mejoramiento de los sectores viales afectados. Sin embargo, el informe sugiere que el proyecto no se completó conforme a lo pactado, generando un déficit financiero considerable.
En respuesta a las irregularidades, la exalcaldesa de Tibasosa, Gloria Palacios, ha presentado denuncias formales ante varias entidades de control, incluyendo la Contraloría General de la República, la Contraloría General de Boyacá y la Procuraduría General de la Nación. Las denuncias apuntan a tres funcionarios actuales y anteriores del municipio: el alcalde en funciones, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos Municipales y el secretario de Obras Públicas.
Palacios sostiene que el contrato inicial, por un valor de 4.438.879.082 pesos, fue adjudicado para la ampliación de tramos de alcantarillado y el mejoramiento de las vías intervenidas. Alega que durante su administración se completó más del 82% del proyecto, según la interventoría oficial. No obstante, la exalcaldesa argumenta que la obra quedó inconclusa debido a la falta de culminación por parte de la administración entrante, a pesar de contar con un contrato y una interventoría vigentes y respaldadas por pólizas.
La exmandataria ha solicitado a la Contraloría General de la República y a la Contraloría General de Boyacá que se declare la responsabilidad fiscal de los tres funcionarios implicados. Palacios argumenta que estos servidores han generado un grave detrimento fiscal y han afectado los derechos de la comunidad tibasoseña, al no finalizar una obra crucial para el municipio. También ha pedido a la Procuraduría General de la Nación que inicie una investigación disciplinaria, alegando incumplimiento de deberes y una gestión negligente que ha resultado en daños al erario público.
