Una nueva polémica envuelve a la Asamblea Departamental de Boyacá tras la demanda presentada contra la Ordenanza No. 72 del 31 de julio de 2025, que establece lineamientos para la dignificación, el fortalecimiento y la eliminación de barreras en la gestión menstrual. La acción judicial cuestiona presuntas ilegalidades en el trámite de aprobación del proyecto.
Según la demanda, la corporación no cumplió con la publicación oportuna del informe de ponencia del Proyecto de Ordenanza No. 027 de 2025 ni de los documentos anexos exigidos por el reglamento interno. En lugar de divulgarse en la página web institucional, el informe se envió únicamente a los correos de los diputados.
El 28 de julio, la Comisión de Plan de Desarrollo citó a estudiar el proyecto a las 11:30 a.m., pero como comisiones y plenarias no pueden sesionar simultáneamente, el debate se trasladó a la 1:00 p.m., donde se aprobó el primer debate.
El principal reparo se relaciona con los plazos: según la norma interna, entre la publicación del informe y la votación en segundo debate debe mediar al menos un día. Sin embargo, el informe se publicó en la web el 29 de julio a las 11:59 p.m. y la plenaria se realizó el 30 de julio a las 8:00 a.m., incumpliendo los tiempos reglamentarios.
Durante esa sesión, el diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre dejó constancia sobre los vicios de procedimiento y solicitó que el segundo debate se realizara en sesiones extraordinarias para subsanar la irregularidad, pero su solicitud no fue aceptada.
El presidente de la Asamblea, Alex López, afirmó que la corporación actuó dentro de sus competencias y que será la justicia la que determine si hubo irregularidades que ameriten la nulidad de la ordenanza. López destacó que estas iniciativas responden a necesidades reales de la población y que la Asamblea mantiene su compromiso con la construcción de políticas públicas. Por ahora, la ordenanza sigue vigente, aunque su futuro dependerá de la decisión judicial.
