Mientras algunos habitantes consideran que el lugar debería destinarse a fines educativos y comunitarios, otros defienden su uso actual como centro de reclusión transitoria. La falta de consenso ha generado tensiones en el sector y abierto un debate sobre las prioridades de inversión pública en la capital caucana.
Organizaciones sociales señalan que el barrio necesita con urgencia instituciones educativas y espacios culturales, mientras que las autoridades argumentan que la carceleta responde a la necesidad de atender el hacinamiento y mejorar la seguridad en la ciudad.
El tema continuará en discusión en los próximos días, a la espera de una decisión que logre equilibrar las demandas de seguridad y las necesidades sociales de la comunidad
