En peligro la primera infancia fue lo que la Procuraduría General ha convocado a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, a una audiencia el 20 de junio. Durante esta cita, la funcionaria deberá proporcionar un informe sobre los problemas que están ocurriendo en los procesos de selección para la implementación del programa de Primera Infancia en las comunidades wayuu, en La Guajira.
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Según la entidad de supervisión de la función pública, se han identificado situaciones como la falta de firma e inicio de contratos necesarios para brindar cobertura a los beneficiarios del programa de Primera Infancia en dicha etnia ubicada en el norte del país. Es conocido que la comunidad wayuu enfrenta un serio problema de desnutrición infantil. Por esta razón, se estableció el programa de Primera Infancia, el cual propone un modelo propio de atención integral para niños, adolescentes, sus familias y la comunidad.
Modelo de atención
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Según la Procuraduría, el problema principal radica en la modificación del modelo de atención integral para los wayuu en los municipios prioritarios de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure. Tras estos cambios, «la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio para al menos 80 mil familias se ha ralentizado», destaca la entidad de vigilancia. Además, no se tiene claridad sobre a quiénes se está atendiendo.
Función pública
La procuradora delegada segunda para la vigilancia de la función pública, Claudia Hernández, quien lidera la revisión del caso de la comunidad wayuu en La Guajira, señala que «no hay un censo claro que permita determinar con certeza a cuántas comunidades, familias e individuos se les está brindando atención». Invitaciones restringidas para seleccionar operadores El organismo de vigilancia ha identificado situaciones que requieren análisis y revisión, relacionadas con «los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y el uso de invitaciones restringidas para la elección de los operadores». Abandono en salud y educación La Procuraduría, en un comunicado emitido el domingo 16 de junio, señala que «a pesar de la Sentencia T-302 de 2017 que declara un estado de cosas inconstitucionales respecto a la comunidad wayuu en La Guajira, los incumplimientos y el abandono por parte del Gobierno Nacional continúan en áreas de salud y educación».