El registrador Hernán Penagos anunció este martes 17 de junio que la Registraduría no convocará a los colombianos a las urnas hasta que las altas cortes se pronuncien sobre la legalidad del decreto presidencial. El presidente Gustavo Petro expidió el documento el 11 de junio para someter a votación popular su reforma laboral. En pausa: Consejo de Estado debe decidir si hay lugar para la consulta popular.
Penagos explicó que existe una controversia jurídica sin precedentes entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Senado rechazó la iniciativa con 49 votos en contra y 47 a favor, pero el Gobierno insistió en convocar la consulta.
«No se trata solo de un tema técnico. Está en juego la democracia y el respeto entre ramas del poder público», afirmó el registrador.
Registraduría: Consulta no puede realizarse el 7 de agosto; En pausa: Consejo de Estado debe decidir si hay lugar para la consulta popular
El Gobierno Nacional propuso realizar la consulta el próximo 7 de agosto. Sin embargo, Penagos advirtió que no existen condiciones logísticas ni jurídicas para ejecutarla en 53 días. Según la entidad, se necesitan al menos tres meses de preparación y una inversión aproximada de $750.000 millones de pesos.
«Comprometer esos recursos sin certeza jurídica podría significar un detrimento patrimonial», señaló el funcionario.
La consulta requeriría instalar más de 112.000 mesas de votación, distribuir material electoral en 67 países y capacitar jurados. Penagos afirmó que la Registraduría necesita garantías jurídicas antes de asumir una organización de tal magnitud.
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Gobierno rechaza la pausa; Penagos reitera que no resolverá conflictos legales
El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la postura del registrador. Sostuvo que su labor es logística, no constitucional, y pidió acatar el decreto presidencial. Penagos respondió que no puede privilegiar la postura del Gobierno ni del Congreso, ya que ambas presentan argumentos opuestos.
El registrador anunció que solicitó concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. También remitió copias a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, recordó que existen más de 150 acciones judiciales en curso, incluyendo demandas de inconstitucionalidad, tutelas y nulidades simples.
“La decisión final debe venir de los jueces. Lo prudente es esperar el fallo de las altas cortes”, concluyó Penagos.