En operativo fue desmantelada empresa de vigilancia privada: Las autoridades en Bogotá lograron desmantelar un sofisticado “holding criminal” que operaba a través de tres empresas de seguridad. Estas compañías, lejos de garantizar protección, alquilaban armas de fuego a integrantes de grupos ilegales como el ‘Clan del Golfo’. Gracias a una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, los responsables fueron capturados y enfrentarán graves cargos por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Durante la investigación, los agentes descubrieron que estas empresas vinculaban a criminales como falsos escoltas y coordinadores de seguridad. De esta manera, los delincuentes recibían armas con aparentes permisos legales, lo que les permitía moverse sin restricciones por el territorio nacional. Además, las compañías facilitaban los documentos necesarios para evitar la incautación de las armas en controles policiales, permitiendo que continuaran en circulación.
En operativo fue desmantelada empresa de vigilancia privada
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Las autoridades no solo capturaron a los tres representantes legales de estas empresas, sino que también aplicaron la extinción del derecho de dominio a ocho bienes avaluados en más de 1.800 millones de pesos. Asimismo, incautaron más de 100 armas de fuego, las cuales serán sometidas a estudios balísticos para determinar su posible relación con homicidios u otros crímenes violentos.
El modus operandi de esta organización delictiva reveló la facilidad con la que criminales con antecedentes lograban obtener armamento de forma “legítima”. De hecho, se identificó que al menos 60 de los falsos escoltas tenían antecedentes penales, e incluso algunos pertenecieron a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Esto confirma que la estructura criminal operaba con total impunidad y acceso a recursos legales que dificultaban su detección.
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Con esta operación, las autoridades dieron un golpe certero contra la criminalidad organizada en el país. Sin embargo, insisten en la necesidad de fortalecer los controles sobre empresas de seguridad privada para evitar que este tipo de estructuras sigan operando bajo la fachada de la legalidad. El trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía seguirá enfocado en desarticular redes que facilitan el accionar de grupos armados en Colombia.
