La incertidumbre sobre la continuidad del cargo admirativo de Johana Aranda.
La incertidumbre sobre la continuidad en el cargo de la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, persiste luego de que el Tribunal Administrativo del Tolima concediera un recurso de apelación contra el fallo que le permitió mantenerse en la administración. Ahora, la última palabra la tendrá la Sección Quinta del Consejo de Estado, que revisará el caso y determinará el futuro político de la mandataria.
Inicialmente, el Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor de Aranda, permitiéndole continuar en el cargo. No obstante, el 28 de enero de 2025, dicho tribunal decidió conceder el recurso de apelación, lo que abre la puerta para que el Consejo de Estado revise el caso en una instancia superior. Según el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, los argumentos presentados cumplen con los requisitos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por lo que el expediente será remitido en los plazos estipulados.
El proceso judicial que enfrenta Aranda se basa en acusaciones de doble militancia y presuntas violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La demanda, interpuesta por José Baruth Tafur Gutiérrez, alega que durante la campaña electoral la alcaldesa habría incurrido en irregularidades que comprometerían la legalidad de su elección.
Este caso ha generado un fuerte debate en la ciudad y podría marcar un precedente en la aplicación de normas electorales en Colombia. Más allá del resultado final, el proceso en contra de Aranda es reflejo de una creciente judicialización de la política regional, donde las disputas legales juegan un papel fundamental en la configuración del poder.
Diversos sectores políticos han expresado su postura frente al caso. Mientras que los seguidores de Aranda aseguran que su elección fue legítima y que la demanda carece de fundamentos sólidos, sus opositores argumentan que la doble militancia es una falta grave que debe ser sancionada con la nulidad de su elección.
Por otro lado, algunos sectores ciudadanos han manifestado su preocupación por la estabilidad administrativa de la ciudad en caso de que se decida la destitución de Aranda. «Ibagué no puede permitirse más incertidumbre política. Es fundamental que el proceso se resuelva pronto y de manera justa para que la administración local continúe con sus planes de gobierno sin interrupciones», expresó la líder comunitaria Laura Gutiérrez.
El Consejo de Estado tiene en sus manos una decisión crucial que podría redefinir el panorama político en Ibagué. Mientras tanto, los ciudadanos siguen atentos a los avances del caso y esperan que la resolución final sea tomada con base en la transparencia y el respeto a las normas electorales vigentes. La resolución que se tome en este caso podría generar efectos a nivel nacional, reafirmando el cumplimiento de las normas electorales o evidenciando la necesidad de reformas en la legislación vigente.
