El presidente Gustavo Petro utilizó su intervención en la Asamblea General de la ONU para solicitar la apertura de un proceso penal internacional contra Donald Trump, a quien responsabilizó por ataques militares en el Caribe que dejaron al menos 14 muertos. Según Petro, el gobierno estadounidense ordenó bombardear lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico, pero en realidad las víctimas eran jóvenes pobres que buscaban escapar de la miseria y no pertenecían a las cúpulas de los carteles.
El mandatario colombiano denunció que estas operaciones, justificadas por Washington como acciones antidrogas, son en realidad “asesinatos” que no detienen el tráfico ilícito y solo buscan mostrar fuerza “para la televisión”. Recalcó que la solución al narcotráfico debe basarse en inteligencia y en investigación policial, no en el uso de misiles ni en el despliegue militar.
En su discurso, Petro subrayó que los verdaderos capos no están en las aguas del Caribe, sino en Miami, donde —según afirmó— incluso son vecinos del presidente estadounidense. Además, acusó a asesores de Trump de mantener vínculos históricos con redes de narcotráfico en Colombia, lo que refuerza, a su juicio, la hipocresía de la política antidrogas de Washington.
El jefe de Estado colombiano también criticó la narrativa de que los misiles buscaban frenar el flujo de cocaína, calificándola de “mentira”. Argumentó que Estados Unidos no ha reducido la demanda de drogas en su territorio, lo que perpetúa el negocio ilícito y alimenta la violencia en países productores y de tránsito como Colombia.
El contexto de estas declaraciones está marcado por la decisión de Trump de retirar a Colombia de la lista de países aliados en la lucha antidrogas, lo que, según expertos y el propio gobierno colombiano, responde más a una estrategia de injerencia política que a un compromiso real con la reducción del narcotráfico.
Con su intervención, Petro buscó visibilizar los costos humanos de la guerra contra las drogas y cuestionar la legitimidad de las acciones militares estadounidenses en América Latina, planteando que el combate al narcotráfico debe darse desde un enfoque de justicia social y de corresponsabilidad internacional.