Camilo Santos Rubio, es investigado disciplinariamente por contrataciones ilícitas.
El exsecretario General de la Alcaldía de Ibagué, Camilo Santos Rubio, está siendo investigado disciplinariamente por presuntas irregularidades en la contratación durante el cierre de la administración del exalcalde Andrés Hurtado.
Vulnerar
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra Santos Rubio por presuntamente vulnerar las normas de austeridad al contratar de manera directa más de $2.576 millones en 21 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.
Determinar
La investigación se centra en determinar si las contrataciones realizadas por Santos Rubio excedieron los topes legales establecidos, especialmente en lo que respecta a los honorarios pagados a personas naturales para la publicidad de las acciones, gestiones y proyectos de la administración municipal durante el año 2023, con distintos medios de comunicación a nivel local y nacional.
Procuraduría
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha señalado a los sujetos procesales los beneficios legales en caso de optar por la confesión o la aceptación de cargos, y ha ordenado la práctica de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer los hechos investigados. Además, se ha incorporado al expediente información sobre la presunta entrega de recursos públicos por parte del alcalde saliente para desprestigiar a sus opositores y mejorar su imagen en redes sociales.
Lazos
Camilo Santos Rubio, hijo del exsenador Liberal Guillermo Antonio Santos Marín, ingresó al gabinete del exalcalde Hurtado en representación de ese sector político, cercano también a la actual representante a la Cámara Olga Beatriz González.
Gestión
La investigación disciplinaria contra Camilo Santos Rubio pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y el cumplimiento estricto de las normas en la contratación pública. Estos hechos ponen en entredicho la gestión administrativa durante el cierre de la administración municipal anterior y refuerzan la necesidad de que las autoridades competentes realicen una exhaustiva revisión de los procesos de contratación y gasto público en beneficio de la ciudadanía.
