La seguridad en Baraya, al norte del Huila, enfrenta un deterioro preocupante. Según Cristian Javier Andrade Soriano, personero municipal, la extorsión se ha convertido en uno de los principales flagelos, afectando sobre todo a productores lecheros y ganaderos de la zona rural. Comerciantes y funcionarios también han sido blanco de intimidaciones, lo que ha incrementado el temor colectivo y reducido las denuncias formales ante las autoridades.
En junio, durante una reunión de CIPRAD con el Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y Fuerza Pública, se plantearon estrategias para mitigar la crisis. Sin embargo, Andrade advirtió que las acciones posteriores han sido limitadas y la percepción de desprotección persiste.
El funcionario señaló que incluso miembros de la administración municipal han recibido amenazas, aunque el alcalde ha denunciado los hechos y continúa atendiendo desde su despacho para brindar confianza a la ciudadanía. La personería ha mantenido informados a los organismos competentes, pero la respuesta estatal, en su concepto, ha sido insuficiente para frenar el avance de los actores armados ilegales.
La situación refleja un desafío mayor: la fragilidad institucional frente a dinámicas criminales que exceden las capacidades locales. Para Andrade, se requiere fortalecer la presencia del Estado y garantizar medidas efectivas de protección y justicia. Sin ello, advierte, el miedo seguirá condicionando la vida de las comunidades rurales y debilitando el ejercicio de la administración pública.
