¿EN LA CUERDA FLOJA?

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El concejal de Ibagué, William Santiago Molina, podría ser inhabilitado de su curul tras la apertura de una indagación previa por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción Tolima. El pasado 19 de febrero, el ente de control ordenó la investigación dentro del expediente E-2024-437714/D-2024-3752820, que vincula a Santiago por presunta inhabilidad en el ejercicio de su cargo. La investigación surge tras una queja interpuesta por Carlos Alberto Martínez, quien denunció una violación al régimen de inhabilidad durante la elección y posesión de Ramiro Sánchez como contralor municipal.

¿Anulación?

Según la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, los concejales implicados en el caso, incluido Santiago, habrían sido suspendidos por nueve meses del ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, la mayoría de los concejales afectados decidieron apelar el fallo ante el Tribunal Administrativo del Tolima, y el caso ahora se encuentra en el Consejo de Estado. Cabe resaltar que Santiago no se habría unido a la apelación en primera instancia, lo que complica su situación legal.

La veeduría ciudadana ‘Tolima Despierta’ interpuso una demanda ante la Procuraduría, argumentando que, al no haber apelado el fallo inicial, la sanción contra Santiago aún estaría vigente. La veeduría solicita su suspensión inmediata por presunta vulneración del Código General del Proceso. La Procuraduría notificó la apertura de la indagación, por lo que Santiago deberá rendir indagatoria en los próximos días.

Posturas

Emanuel Zamora, abogado, explicó que, mientras no exista un fallo ejecutoriado, Santiago puede continuar desempeñando su cargo. Sin embargo, destacó la importancia de determinar si la sanción fue establecida en un acto administrativo conjunto o individual. “En caso de no estar vinculado a la apelación, el ente de control deberá definir si ya cumplió o no el tiempo de suspensión”, señaló Zamora. Además, aclaró que, si Santiago está adherido a la apelación, deberá acatar la decisión del Consejo de Estado. 

En cualquiera de los escenarios, Santiago se encuentra en un complicado lío jurídico. Mientras la veeduría insiste en su suspensión inmediata, el concejal espera que las investigaciones avancen.


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