Un profesor de música, identificado como Sergio Arango Franco, ha sido separado temporalmente de su cargo en la Escuela Normal Superior de Ibagué. Esta decisión se tomó después de que lo vincularan a una grave denuncia por presunto acoso sexual a estudiantes menores de edad. La situación ha generado gran preocupación en la comunidad educativa y entre los padres de familia, quienes exigen celeridad en la investigación y protección para los niños y niñas.
Denuncia por Mensajes Explícitos y Preocupante Traslado de Institución
La situación salió a la luz inicialmente gracias al padre de una de las presuntas víctimas, Idargilio Jiménez. Él denunció que su hija, de 14 años, habría recibido mensajes inapropiados a través de WhatsApp, incluyendo fotos y videos explícitos del docente. Estos hechos, según Jiménez, habrían ocurrido en 2024, cuando el profesor laboraba en la Institución Educativa Técnica San Isidro. Lo más alarmante para el padre es que, a pesar de haber interpuesto la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación hace aproximadamente once meses, el profesor no fue apartado del sistema educativo, sino trasladado a otra institución, lo que generó un riesgo potencial para más menores.
En Ibagué padre de familia denuncia a profesor por presunto acoso sexual
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Reacción de la Escuela Normal Superior y Debate sobre la Permanencia del Docente
Ante la angustia y la preocupación de los padres de familia, quienes alertaron sobre la continuidad del docente en funciones, la Escuela Normal Superior de Ibagué emitió un comunicado oficial. En este documento, la institución informó que Arango Franco no continuará ejerciendo como docente en ese plantel mientras se aclara su situación jurídica. «El docente vinculado a una situación de carácter jurídico no continuará prestando sus servicios en el plantel educativo mientras se esclarece su situación», señala el comunicado. Además, la escuela indicó que activó los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para proteger a los menores de edad. Sin embargo, la Secretaría de Educación ha señalado que, hasta que no exista una decisión judicial por parte de la Fiscalía, no es posible desvincular de manera definitiva al docente, pues ello podría representar una vulneración a sus derechos fundamentales.
La Búsqueda de Justicia y Protección para la Niñez
Idargilio Jiménez ha expresado públicamente su frustración por la lentitud del proceso judicial, pues la denuncia lleva casi un año sin avances. Él asegura que esta falta de acción por parte de las autoridades podría estar favoreciendo al implicado y dejando en estado de vulnerabilidad a otros menores. «Es necesario visibilizar este caso para que no quede en la impunidad y se tomen medidas de protección para los niños y niñas», afirmó. La Fiscalía, por su parte, tiene la responsabilidad de acelerar la investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y garantizar que los derechos de los menores sean protegidos.
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Compromiso Institucional y el Desafío de la Protección en el Ámbito Educativo
La Escuela Normal Superior ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de los estudiantes y lamentó profundamente que se presenten este tipo de casos. Si bien la institución indicó que estos incidentes «exceden el alcance de la gestión institucional», también reconoció que afectan el entorno educativo. Este caso pone de manifiesto la compleja intersección entre la protección de menores, el debido proceso y la urgencia de una respuesta institucional efectiva ante denuncias de acoso sexual en el ámbito escolar. La comunidad educativa espera que este proceso sirva para fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia, garantizando así un ambiente seguro para todos los estudiantes.
