La directora de el IBAL fue suspendida por la personería.
El Personero Municipal de Ibagué tiene un plazo de tres días para ratificar la suspensión de Erika Palma, gerente del IBAL, tras una investigación realizada por la Personería Municipal. La medida fue tomada debido a una presunta interferencia de la funcionaria en una inspección de control de calidad del agua en la Arboleda Campestre. La decisión del organismo de control se dio a conocer en cumplimiento del auto del 24 de junio de 2024, emitido por el Personero Delegado de Vigilancia Administrativa y Gestión Pública de Ibagué.
Situación
Erika Palma quedó suspendida a partir del martes 25 de junio por un período de tres meses. Esta acción, según el documento, busca garantizar una investigación imparcial. Jair Robayo, personero Delegado Administrativo, explicó que los procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento pueden incluir medidas como la suspensión provisional de los servidores públicos. «Por mandato normativo, las suspensiones provisionales se toman por tres meses, renovables por otros tres meses, cuando en primera instancia la persona salga responsable y para ir a la segunda instancia se hace la renovación de la suspensión, lo cual en ninguna manera es un prejuzgamiento, sino una herramienta», señaló Robayo.
El día de la visita a la planta de la Arboleda Campestre, el ente de control fue acompañado de veedurías ciudadanas relacionadas con el agua para una labor de prevención, sin lograr acceder al espacio. «Nosotros, dentro de nuestras funciones disciplinarias ya en la etapa que manejamos, decretamos una inspección disciplinaria, la cual, si bien fue aprobada, se nos comunica que hay una serie de requisitos para entrar a ese lugar y nosotros como Personería no nos es posible financiar ciertos elementos que son necesarios para el ingreso», explicó Robayo.
En el ámbito disciplinario, la Personería de Ibagué opera en tres etapas: instrucción, juzgamiento y una segunda instancia. El proceso que involucra a Erika Palma se encuentra actualmente en la etapa de instrucción. La comunidad y las autoridades esperan que el caso se resuelva de manera justa y transparente, garantizando así la calidad del servicio y la confianza en las instituciones.
