218 familias siguen esperando a ser reubicados después de más de 18 años de una decisión judicial.
Nada que se resuelve la situación de las más de doscientas familias asentadas en los barrios Cimarrón, Villa Rita y La Esmeralda. Su cercanía con el Aeropuerto El Alcaraván, los mantiene en un limbo jurídico, que desde hace 18 años no ha tenido una solución a partir de la negligencia de las administraciones municipal y departamental para reubicar a estas familias.
En el año 2006 una sentencia le ordenó a la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare la reubicación de 218 familias que vivían en estos barrios, argumentando el riesgo que les representaba a ellos y a los usuarios del aeropuerto, su proximidad con la pista. Para ello, se planteó uno de los proyectos urbanísticos que más proyección tenía, pero que lamentablemente terminó siendo un mamut de la corrupción.
Un porcentaje importante de estas familias, figuraron como beneficiarios del complejo de apartamentos más grande de la época, el cual inició su construcción en el año 2011, con una figura de convenio interadministrativo planteado por la Gobernación de Casanare, que para entonces, estaba en cabeza de Oscar Raúl Ivan Florez. Lamentablemente, el ambicioso proyecto en la actualidad tiene las horas contadas para ser demolido, ya que presenta enormes fallas estructurales, que impiden que sea seguro que cualquier persona viva allí.
Las familias que fueron reubicadas no se consideran reparadas, ya que es probable que pasen años entre la demolición y reconstrucción de las torres, por tanto, muchos regresaron al barrio del que salieron. Sin embargo, para la justicia, estas familias, al haber sido beneficiarias de un proyecto de vivienda, ya no tienen derecho de permanecer en las viviendas de las que inicialmente fueron desalojados, ni de recibir algún otro beneficio que subsane la vulnerabilidad en la que hoy se mantienen.
Ante el panorama, el Tribunal Administrativo de Casanare se pronunció a través de una sentencia. Allí le da un plazo de un mes a la Alcaldía de Yopal y a la Gobernación, para que diga cómo van a resolver de una vez por todas el problema que les han heredado los alcaldes y gobernadores que desde 2006, además de ordenar que, en un año, se ejecute esa solución. También se plantea que esta decisión es de obligatorio cumplimiento, ya que, al no tomar cartas sobre el asunto, podrían verse sancionados con ordenes de desacato. Por su parte, la comunidad dice que esperará hasta finales de agosto para que les socialicen, cuándo, dónde y cómo serán reubicados.