En Colombia, el historial crediticio se ha convertido en una herramienta tan influyente como una hoja de vida laboral, debido a que determina el acceso a créditos, compras a plazos, arrendamientos e incluso oportunidades de empleo. Estar reportado en Datacrédito condiciona directamente la posibilidad de obtener respaldo financiero o acceder a servicios esenciales, lo que genera preocupación entre quienes enfrentan deudas en mora prolongada.
Lo que dice la ley sobre la permanencia de los reportes negativos
La abogada Jessi Santodomingo explicó, a través de un video en redes sociales, que una persona puede salir de Datacrédito sin pagar su deuda después de ocho años de mora, generando sorpresa en miles de usuarios. Sin embargo, la normativa es clara: según la Ley 1266 de 2008 y la Ley 2157 de 2021, aunque el reporte negativo se elimine tras ese tiempo, la obligación económica no desaparece y puede ser exigida jurídicamente. La ley contempla dos escenarios distintos: si el deudor paga, el reporte negativo permanece el doble del tiempo en mora con un límite máximo de cuatro años; en cambio, si no paga, el dato caduca a los ocho años desde el inicio de la mora.
La eliminación del reporte no implica el fin de la deuda
Especialistas insisten en que la eliminación del reporte negativo en Datacrédito no extingue la deuda ni impide al acreedor iniciar procesos de cobro jurídico, los cuales pueden mantenerse vigentes hasta que la obligación se declare prescrita por un juez. Por ello, dejar vencer el plazo de los ocho años no debe interpretarse como un perdón de la deuda, sino como una limpieza del historial para efectos de evaluación crediticia.
Recomendaciones para los deudores frente a las centrales de riesgo
Los ciudadanos que cumplan los plazos legales pueden solicitar formalmente la eliminación del reporte ante la central de riesgo correspondiente. Además, los consumidores pueden impugnar y retirar de inmediato un reporte generado sin aviso previo de al menos veinte días, lo que protege sus derechos.
Los expertos recomiendan mantener un control riguroso de los plazos, presentar solicitudes formales por escrito y, en lo posible, priorizar el pago de las deudas para evitar procesos judiciales y cargas financieras mayores.
