Según los registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en Colombia, hay alrededor de 200.000 personas que permanecen desaparecidas, se estima que desde 2011 hasta el 31 de agosto del 2021 hubo 50.522 víctimas directas de desaparición forzada.
Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta 82.998 personas desaparecidas forzadamente entre 1958 y 2017. También varían las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad asegura que 16.361 fueron reportadas como desaparecidas entre el 2017 y el 2021.
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander, son las regiones que más han reportado desapariciones forzadas, consecuencia del conflicto armado interno.
La Defensoría del Pueblo manifestó durante el lanzamiento del ‘Informe Defensorial Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD), que es necesario un reporte unificado de personas desaparecidas en el país, con el fin de que haya soluciones más efectivas para las familias de la persona.
“Hay que fortalecer el conocimiento y la capacitación de los funcionarios que atienden a los familiares de las personas desaparecidas y, sobre todo, entender que la labor de búsqueda de los desaparecidos es una obligación que alivia el sufrimiento humano”. Dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Carmargo.
En el informe, que también tuvo participación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se habla entre muchas cosas, sobre las implicaciones y problemáticas que sufren las familias de personas dadas por desaparecidas
“La integridad personal de uno se opaca, porque uno muchas veces ya no quiere ni comer, entre la incertidumbre, qué estará pasando, si está viva, ya comió, no comió, será que me la mataron, será que la dejaron en la carretera botada, será que está en estado de descomposición, será que le dieron el tiro de gracia, será que la amarraron a un palo a que se la coman las hormigas. Eso es una incertidumbre que usted no la dimensiona”, se lee uno de los testimonios en el informe de búsqueda urgente.
Según el informe, son muchas las consecuencias humanitarias que conllevan la desaparición. Uno de esos aspectos el factor económico y la necesidad de atención psicosocial. Además el derecho a la propiedad se ve afectado cuando hay desplazamiento, que conlleva la necesidad de la restitución de sus tierras en contextos de violencia, sin embargo todo lo anterior dificulta el acceso a proceso económico o jurídico que ayude a conseguir un trabajo formal.
Más de 200.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia. https://t.co/xId1fvddf9 pic.twitter.com/3jL0M1Gcrl
— elespectador (@elespectador) February 5, 2022
