En una operación de alto riesgo y precisión, hombres de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional lograron controlar y destruir una granada de mano que había sido localizada dentro de una vivienda contigua a la Institución Educativa El Diviso, en el kilómetro 109 de la vía Tumaco–Pasto, jurisdicción del municipio de Barbacoas.
La denuncia ciudadana permitió que las tropas del Batallón de Selva N.º 53, al mando del Teniente Coronel Fabián Triviño Quintero, se desplazaran de inmediato desde el corregimiento de El Gualtal (km 55 de la misma vía) hasta el lugar, donde se encontraba el explosivo, presuntamente abandonado por integrantes de la disidencia armada Segunda Marquetalia.
“El artefacto fue hallado dentro de una casa a escasos metros de una institución educativa, lo que aumentaba exponencialmente el riesgo para los menores y la comunidad. A pesar de las dificultades por la ubicación del explosivo, nuestros hombres lograron realizar una destrucción controlada”, señaló el comandante Triviño Quintero.
Riesgo latente
La zona de El Diviso, además de ser un corredor estratégico en la vía que conecta Tumaco con Pasto, es habitada en su mayoría por comunidades indígenas, quienes han sido históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. La cercanía del explosivo a un centro educativo genera una nueva alerta sobre los riesgos que enfrenta la población civil en medio del conflicto.
Según información oficial entregada por el Ejército Nacional, este caso se suma a otros ocho eventos similares ocurridos a lo largo del año en la vía Tumaco–Altaquer, donde los grupos armados residuales han sembrado o abandonado explosivos de manera deliberada, poniendo en grave peligro la vida de los habitantes y la movilidad en esta importante ruta del suroccidente colombiano.
Hallazgo
El hallazgo y destrucción de esta granada en El Diviso no solo evidencia la continuidad de acciones violentas en el territorio, sino que reafirma la necesidad de mayor presencia institucional y garantías de seguridad para las comunidades rurales, especialmente aquellas que habitan cerca de zonas educativas.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades locales y militares han hecho un llamado urgente a los organismos de control y a las entidades de derechos humanos, para que se pronuncien y acompañen a las comunidades afectadas. “La vida de nuestros niños está en riesgo. Necesitamos una respuesta articulada del Estado para proteger estos territorios”, afirmó un líder comunitario que prefirió mantener el anonimato por razones de seguridad.