Un nuevo caso de presunta corrupción sacude las filas de la Policía Nacional en la capital del Valle del Cauca. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos uniformados activos, un subintendente y una patrullera, quienes habrían exigido una fuerte suma de dinero a un ciudadano a cambio de no judicializarlo.
Los procesados fueron identificados como Cristian Fernando Mosquera Rentería y Diana Marcela Castro Reina. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el ente fiscal, los hechos ocurrieron en Cali cuando los agentes abordaron a la víctima en medio de un procedimiento relacionado con el delito de receptación, al parecer vinculado con la tenencia irregular de un vehículo.
Las pesquisas revelaron que los uniformados le habrían exigido a la víctima la suma de $5 millones de pesos para frenar el procedimiento legal y evitar su detención inmediata. Sin embargo, la irregularidad no terminó con la supuesta extorsión:
- Falsedad documental: Tras recibir la totalidad del dinero exigido, los policías habrían redactado actas e informes oficiales con información presuntamente falsa.
- Alteración del procedimiento: Modificaron la versión de los hechos y la situación del vehículo involucrado para encubrir la transacción ilegal y justificar la no captura del ciudadano.
El operativo de captura estuvo a cargo de investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), quienes hicieron efectivas las órdenes judiciales tras recopilar material probatorio decisivo. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó cargos por delitos vinculados a la corrupción pública y la falsedad en documento público.
Dada la gravedad de las conductas y el riesgo de interferencia en el proceso, la autoridad judicial determinó que ambos implicados deberán permanecer privados de la libertad en un establecimiento penitenciario mientras avanza la etapa trial del juicio. Este resultado refleja la postura de tolerancia cero frente a los actos de corrupción institucional que afectan la confianza ciudadana en la fuerza pública.
