En Boyacá, capturaron a 10 personas por deforestación en Las Quinchas

Tras una ardua investigación se logró determinar quiénes fueron los culpables de acabar con la vegetación de un Parque Natural en Boyacá.
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Entre los capturados se encuentra un ex concejal del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), quien sería el cabecilla de esta organización. Por otro lado, se logró determinar que estas personas generaban rentas criminales por más de 1.200 millones de pesos anuales.

En el marco de la Estrategia Institucional para la Protección del Capital Natural (EICAN), la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General y el Ejército Nacional, lograron la captura de diez personas por orden judicial, las cuales estarían dedicadas a la tala y comercialización de madera extraída ilegalmente de bosques naturales en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

La investigación se realizó durante tres años y permitió la individualización y captura de alias ‘Luis’, exconcejal del municipio de San Pablo de Borbur y quien dirigía esta organización criminal junto a sus cómplices, entre los que se encontraban cinco tramitadores encargados de adelantar labores de tipo administrativo para la comercialización de madera; tres comerciantes y un conductor.

El delito

El modus operandi de este grupo delincuencial consistía en comprar madera explotada de manera ilegal del Parque Nacional Natural Regional Las Quinchas y otras zonas protegidas de Boyacá y Cundinamarca, para luego transportarla por medio de la utilización de guías de movilización de plantaciones legalmente registradas en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, evitando así el control de la Policía Nacional y de las autoridades ambientales en las vías nacionales de los departamentos anteriormente mencionados.

El total 

Esta estructura criminal sería responsable del tráfico ilegal de 7.000 metros cúbicos de madera de especies de como Eucalipto, Pino, Cedro, Guácimo y Teca, esta madera tiene un costo de entre 360 y 800 mil pesos el metro cúbico, lo que les dejaba una renta criminal de más de 1.200 millones de pesos anuales.

Por otro lado, se conoció que estas personas serían los responsables de deforestar por lo menos 30 hectáreas de bosque solo en el departamento de Boyacá, así mismo, se logró evidenciar que esta madera era destinada a la construcción de socavones mineros en Boyacá, especialmente en los municipios de Muzo, Maripi, Pauna y San Pablo,  así como para la realización de carrocerías de camión y muebles para el hogar.


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