En el ojo del huracán Beatriz Valencia por presunta demanda ante el mal manejo en tránsito.
El Tribunal Administrativo del Tolima ha dado un paso crucial en el caso que involucra el nombramiento de las agentes de tránsito Olga Dayanna Muñoz y Angélica Ruiz Rocha, quienes fueron designadas para ocupar cargos en la administración del municipio del Líbano, Tolima, sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley. El tribunal, a través de una providencia emitida el 29 de enero de 2025, determinó que existen pruebas suficientes que sustentan la solicitud de nulidad electoral presentada por el demandante, Yamit Antonio Mendieta Veloza, lo que podría desencadenar un proceso administrativo de gran magnitud.
El origen de este conflicto radica en que el demandante argumenta que las agentes fueron posesionadas en sus cargos sin contar con la licencia de conducción C1, que equivale a la categoría 4ta, requisito indispensable según la normativa vigente para poder desempeñar funciones en el área de tránsito. Tras el anuncio de El Informativo Mendieta Veloza presentó pruebas contundentes que respaldan su afirmación, lo que llevó al Tribunal Administrativo a considerar que se daban las condiciones para una sentencia anticipada.
La alcaldesa Municipal del Líbano, Beatriz Valencia Gómez, junto con el Inspector de Tránsito Municipal, han sido citados por el tribunal para que certifiquen si las agentes de tránsito contaban con la licencia correspondiente al momento de su posesión, el 29 de junio de 2024. El 30 de enero de 2025, el Inspector de Tránsito del Líbano emitió una certificación que corroboró las denuncias del demandante, confirmando que las agentes no cumplían con la exigencia legal de la licencia C1 en esa fecha.
El Tribunal Administrativo también solicitó una certificación al Ministerio de Transporte para verificar si la licencia C1 corresponde efectivamente a la categoría 4ta, tal como había sido argumentado por Mendieta. Además, se solicitó información al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para determinar qué tipo de licencia poseían las agentes al momento de su nombramiento.
La gravedad de este caso radica en que, de confirmarse que las agentes no tenían la licencia C1, la alcaldesa podría enfrentar un proceso por la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Esto abriría la puerta a un posible proceso disciplinario en su contra, que incluso podría derivar en su destitución del cargo.
En una actitud que ha generado controversia, las agentes de tránsito demandadas optaron por guardar silencio durante el proceso judicial y no aportaron las pruebas solicitadas por el tribunal, como las copias de sus licencias de conducción. Este hecho, sumado a las pruebas presentadas por el demandante, ha acelerado el proceso, con el tribunal exigiendo respuestas dentro de un plazo de un día para poder tomar una decisión anticipada.
