La reciente exaltación pública y posterior designación de Luis Hernando como enlace municipal con las Juntas de Acción Comunal de Garzón, destacada por el alcalde Francisco Calderón, no pasó inadvertida para la opinión local.
Durante el anuncio, el mandatario afirmó que Luis Hernando “ha entregado la vida a las Juntas de Acción Comunal”, argumento con el que justificó su ingreso al equipo de gobierno como interlocutor directo con los comunales. El gesto buscó reconocer trayectoria y enviar una señal de respaldo a las JAC como actores claves del desarrollo local, aunque en política los símbolos rara vez son inocentes.
Luis Hernando no es un liderazgo menor. Su recorrido en el trabajo comunitario, el respaldo de las bases y su condición de presidente de la Asociación Municipal de Juntas lo posicionan como figura influyente. Él mismo recordó que “siempre he estado para los comunales” y aseguró que este nombramiento no será la excepción, prometiendo trabajo constante y compromiso. Sus palabras mantienen coherencia con su historia y refuerzan una legitimidad construida en el territorio.
No obstante, la discusión surge cuando el reconocimiento simbólico se convierte en cargo administrativo. Las Juntas de Acción Comunal, por esencia, deben conservar independencia, capacidad de veeduría y libertad para exigirle al gobierno local. Vincular a uno de sus principales líderes a la estructura institucional implica un riesgo evidente: que la voz crítica se atenúe y que la acción comunal quede condicionada por la cercanía al poder.
El alcalde Calderón sostuvo que la decisión pretende “dar un espacio importante a los comunales dentro de la Administración”. El planteamiento es pertinente en un municipio donde muchas comunidades han sido relegadas. Sin embargo, el desafío radica en garantizar que ese espacio no derive en cooptación política, sino en una herramienta real de gestión, interlocución y solución de problemas.
