José Alirio Carvajal denunció que en la Alcaldía de Algeciras echaban funcionarios para contratar muertos. Alirio hizo la primera denuncia en 1996 cuando trabajaba como conductor de despacho. Ellos se estaban en carrera administrativa y según explica, no hubo ningún motivo para su despedido que además, se efectuó sin ningún tipo de liquidación.
En ese entonces el alcalde de Algeciras era Milton Hernán Sánchez Cortes, quien habría falsificado las firmas de los despedidos. “Lo que hizo fue destituirnos de manera ilegal. Yo estaba de planta”, señaló.
Ellos interpusieron una demanda ante el Tribunal que posteriormente falló a favor de tres personas dejando a nueve sin ningún tipo de solución. “Las pruebas que estaban en el Tribunal desaparecieron. Tampoco hay acta de negociación. Yo no firmé acta de despido y por eso es que no nos quisieron pagar aunque ellos digan que sí pagaron”.
Pide que vean las pruebas
“Recientemente recolectamos las pruebas y queremos que desde el Juzgado Cuarto Administrativo se reciban como parte del proceso pero la juez se niega a hacerlo. Hace dos meses tuvimos audiencia y mostramos la prueba donde el alcalde del 2015 nos dice que realmente no nos pagaron. La jueza dijo que no lo tendría en cuenta porque eso no estaba en el proceso, pero yo lo presenté seis veces. Queremos denunciar que en la alcaldía de Algeciras echaban funcionarios para contratar muertos”.
Retomaron el caso
Alirio indicó que se reabrió nuevamente el proceso luego que desde la Comisión Interamericana se revisara su caso. Recientemente desde el Tribunal del Huila se trasladó hasta el Consejo de Estado donde se revisará lo realizado por el magistrado Henrique Dussán Cabrera. Cabrera era el encargado del caso y se habría enfermado luego de recibir la notificación de la tutela.
«También estamos a la espera de que se investigue el por qué en la alcaldía de Algeciras echaban funcionarios para contratar muertos”.
En caso de que se acepte el peritaje y se dé la razón a los demandantes, se tendría que reintegrar inmediatamente a estas personas a los cargos de los que fueron sacados desde hace más de 20 años. También el municipio tendría que pagar una millonaria indemnización.
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