Millones de trabajadores y empresas en Colombia se preparan para un giro obligatorio en el pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales a partir del 1 de julio de 2025.
Redacción Economía | Bogotá, 10 de mayo de 2025
A partir del próximo 1 de julio de 2025, las empresas en Colombia estarán obligadas a descontar y pagar directamente los aportes a salud, pensión y riesgos laborales de los contratistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Así lo establece la Ley 2381 de 2024, norma que marca un hito en el sistema de protección social del país.
Esta reforma pensional, aprobada en 2024 y próxima a entrar en vigor, impactará a millones de trabajadores independientes y obligará a miles de empresas a modificar sus procesos internos de contratación y pago.
¿Qué cambia con la Ley 2381?
Bajo el nuevo modelo, los contratistas ya no pagarán por su cuenta los aportes al sistema de seguridad social integral. En su lugar, serán las empresas contratantes quienes:
- Descontarán de los honorarios del contratista el valor correspondiente a los aportes.
- Ejecutarán el pago directamente a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
- Reportarán las novedades contractuales al sistema (inicio, suspensión o terminación del contrato).
Porcentajes obligatorios de aporte:
- Salud: 12,5 % del ingreso base de cotización
- Pensión: 16 % del ingreso base
- Riesgos laborales: según clasificación de riesgo del contratista
- Fondo de Solidaridad Pensional: aplica si el ingreso es igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV)
¿Qué deben hacer los contratistas?
- Verificar su afiliación al sistema de salud, pensión y riesgos laborales.
- Tener en cuenta que sus honorarios serán netos, es decir, ya descontados.
- Autorizar por escrito cualquier aporte voluntario adicional a pensión.
Obligaciones para las empresas
- Realizar los descuentos y pagos de aportes dentro de los plazos establecidos.
- Actualizar datos contractuales en el sistema de seguridad social.
- Asumir posibles sanciones en caso de incumplimiento, incluso si no se descontaron los aportes correctamente.
Esta normativa aplica tanto a empresas del sector privado como a entidades del sector público, y tiene como objetivo reducir la evasión, promover la formalización y garantizar la protección social de los trabajadores independientes en Colombia.
