Antonio Sanguino alertó sobre irregularidades salariales contra compañías.
El panorama laboral en el Tolima quedó marcado por un fuerte sacudón tras conocerse más de 300 denuncias contra empresas de Ibagué y otros municipios por presuntos incumplimientos salariales. El Ministerio del Trabajo confirmó que ya avanza una inspección general, aunque por ahora se reservan los nombres de las compañías señaladas. La cifra de quejas es considerada seria y el proceso se encuentra en etapa de verificación, con el objetivo de no anticiparse a señalar responsables hasta que concluyan las visitas oficiales.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático: “Si encontramos que hay un incumplimiento reiterado, por supuesto que habrá sanciones, que pueden ser sanciones pecuniarias de multas u otro tipo de sanciones más duras”. Con estas palabras, dejó claro que el Gobierno no permitirá que las irregularidades pasen inadvertidas.
El pronunciamiento no se limitó al tema salarial. Desde el Gobierno se aprovechó para reflexionar sobre lo que significa ser un trabajador formal en Colombia. “La formalidad no se limita a tener un contrato firmado. En las nuevas dinámicas del mundo laboral, ser formal también implica que el trabajador tenga garantizada una base mínima de protección social, es decir, acceso a salud, seguridad y salud en el trabajo, cobertura en riesgos laborales y cotización a pensión”, puntualizó Sanguino.
La advertencia puso sobre la mesa la realidad de miles de trabajadores que, sin contrato formal, siguen desempeñando labores que deberían estar protegidas por el Estado y los empleadores.
El Gobierno aseguró que la meta de la reforma laboral es reducir al máximo los niveles de informalidad y cerrar las brechas que mantienen a miles de colombianos trabajando sin garantías. Con este panorama, las autoridades insisten en que las inspecciones serán rigurosas y que las sanciones se aplicarán con contundencia si se comprueban faltas reiteradas.
