En Colombia las empresas también enfrentan riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. Entre estos están el tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos, principales amenazas que las empresas deben afrontar en sus relaciones con terceros.
Los anteriores riesgos no solo comprometen la integridad financiera, sino que también socavan la legitimidad de las operaciones comerciales.
La diligencia
Según dieron a conocer, el proceso de debida diligencia para terceros se convierte en una herramienta fundamental para fomentar relaciones éticas y sostenibles, mitigando los riesgos asociados al fraude y la corrupción.
En cuanto a cuáles son las medidas proactivas que toman los altos ejecutivos en Colombia para reducir la incidencia de fraudes, Sánchez señala que, “en nuestra experiencia, y según lo que hemos observado en la comunidad empresarial, las compañías han implementado varias medidas proactivas para salvaguardar su reputación, garantizar el cumplimiento normativo y mitigar las pérdidas financieras debido al fraude”.
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Es que el país refleja un esfuerzo por promover una cultura de protección efectiva en las empresas colombianas, contando con la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, dirigida a fortalecer la prevención y sanción de actos de corrupción. Dicha iniciativa es liderada por la Comisión Nacional de Moralización y coordinada por el vicepresidente de la nación.
El experto también resalta la importancia de la protección para los denunciantes a través del marco regulatorio.
Declaró que “las organizaciones tanto del sector público como del privado, han implementado estrategias como marcos éticos para que los empleados presenten quejas e irregularidades”.
Sin embargo, los denunciantes siguen enfrentando represalias, incluida la posibilidad de suspensión, despido, degradación laboral, coacción, intimidación y riesgos para su integridad física”.
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Recomendaciones
Así mismo, la firma brindó cinco recomendaciones clave para que las empresas implementen y mantengan un proceso sólido de gestión de riesgos de fraude y corrupción.
Por ejemplo, establecer y comunicar un programa de gestión de riesgos de fraude que refleje los valores éticos de la alta dirección; o realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos de fraude para identificar esquemas específicos y evaluar su probabilidad e impacto potencial.
O implementar actividades de control preventivo y detectivo para reducir la posibilidad de que ocurran eventos fraudulentos con terceros; establecer un proceso de comunicación para obtener información sobre posibles fraudes y llevar a cabo investigaciones coordinadas y acciones correctivas; y realizar evaluaciones continuas y reportar deficiencias en el programa de gestión de riesgos de fraude para tomar medidas correctivas”, asegura Sánchez.
Por su parte, Luis Enrique Sánchez declaró que “es fundamental construir un equipo de investigación multidisciplinario, preferiblemente con expertos externos para garantizar la objetividad e independencia, recopilar evidencia con el debido cuidado para preservar la cadena de custodia y llevar a cabo una investigación exhaustiva. Una vez que se confirma el fraude deben implementarse medidas correctivas y comunicar los resultados a las partes relevantes”.
