Pereira, Risaralda. — La tranquilidad del sector inmobiliario en la capital risaraldense se vio alterada tras conocerse un grave caso de extorsión que obligó a un reconocido empresario de bienes raíces a abandonar el país por temor a perder la vida. La Fiscalía General de la Nación señaló a Carlos Antonio Velásquez Orozco como el presunto responsable de haber contratado a tres sujetos para intimidar y exigir fuertes sumas de dinero a la víctima, quien, temiendo por su integridad, decidió exiliarse.
Según la investigación, los hechos comenzaron a mediados de este año, cuando el empresario empezó a recibir llamadas amenazantes en las que le exigían el pago de una elevada suma de dinero para permitirle seguir operando sus negocios en Pereira. Los presuntos extorsionistas le advirtieron que, de no cumplir con las exigencias, atentarían contra su vida y la de su familia.
La Fiscalía estableció que Velásquez Orozco, presuntamente motivado por intereses económicos y rivalidades comerciales, habría contactado a los tres hombres para ejecutar el plan de intimidación. Las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas, seguimientos y testimonios que apuntan a su presunta participación en la organización del delito.
Tras su captura, el señalado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento y dio inicio a la imputación de cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir. Durante la audiencia, la defensa de Velásquez Orozco solicitó que se le otorgara medida no privativa de la libertad, sin embargo, debido a la gravedad de los hechos y al riesgo para las víctimas, el juez ordenó su detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.
La Policía Metropolitana de Pereira y la Fiscalía reiteraron su llamado a las víctimas de extorsión para que denuncien estos hechos, garantizando absoluta reserva en los procesos. “La extorsión es un delito que atenta contra la seguridad y la estabilidad económica de la ciudad. Seguiremos trabajando para desarticular estas redes criminales”, señaló un vocero de la institución.
Por su parte, la familia del empresario afectado pidió protección, ya que aún temen posibles represalias. Las autoridades adelantan investigaciones para ubicar a los otros tres presuntos involucrados, quienes permanecen prófugos.
