El resultado de la vigencia, junto con los otros Resultados Integrales (ORI), forman parte del resultado integral total de una empresa, un indicador mucho más completo del rendimiento financiero que la utilidad neta por sí sola. Los ORI comprenden partidas que no se reconocen en el estado de resultados tradicional, pero que impactan directamente el patrimonio de la organización. Reflejan el comportamiento de elementos como inversiones financieras, coberturas o ajustes por conversión de moneda extranjera, que aunque no se materializan de inmediato en efectivo, anticipan cómo ciertas decisiones o condiciones externas podrían afectar las finanzas de manera real en el futuro.
Recientemente, en el Concejo de Popayán fueron socializados los estados financieros del Acueducto y Alcantarillado de la ciudad. Durante la presentación, se resaltó que la utilidad neta del año 2024 ascendió a $548 millones de pesos. Sin embargo, esta cifra, presentada con aparente optimismo, representa tan solo una parte del panorama financiero. Una revisión integral de los estados revela que, incluyendo los resultados integrales no realizados, el balance final del ejercicio muestra un déficit de $976 millones de pesos. Es decir, la empresa no ganó, sino que perdió y bastante.
Lo preocupante no es solo el déficit en sí, sino el desconocimiento o desinterés de muchos concejales por comprender estos informes más allá de las cifras “bonitas” que se exponen. El análisis técnico parece quedar reducido a una sesión de aplausos automáticos, sin cuestionamientos profundos ni responsabilidades claras. Como afirmó el político Juan Salamanca, “no puede haber desarrollo si quienes vigilan las finanzas públicas ni siquiera entienden los conceptos más elementales del balance contable”. Una declaración que no solo apunta al desconocimiento, sino a la indiferencia con la que se asumen cargos de representación.
Esta situación debería abrir un debate más serio sobre la calidad de la gestión financiera de las empresas públicas en Popayán, y más aún, sobre la capacidad técnica y ética de quienes están llamados a ejercer control político. Porque, como dicen algunos entendidos de la vida: “No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que se niega a ver”. Y en el Concejo, más que sordera, lo que abunda es una peligrosa miopía institucional.
