Cristian Rodríguez
Desde la Procuraduría General de la Nación indicaron que hasta el próximo 21 de julio se
podrá realizar la fase del proceso de rendición pública de cuentas de los mandatarios.
La Procuraduría General de la Nación les recordó a los mandatarios territoriales del
período 2020-2023, que quedan pocos días para suministrar y reportar ante el Ministerio
Público y la ciudadanía, las acciones y gestiones realizadas para para la garantía de los
derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de rendición
pública de cuentas territorial, que, por mandato legal, deben realizar los alcaldes y
gobernadores del país.
Ente
El ente de control precisó que dispuso de una herramienta de vigilancia para verificar el
cumplimiento de cada fase del proceso de rendición pública de cuentas, con plazo de
cumplimiento hasta el 21 de julio de 2023 para las primeras fases de Sensibilización y
alistamiento y la segunda fase de Generación y análisis de información.
“Esperamos que la revisión de todos estos detalles permita corroborar el buen actuar de
los mandatarios tanto municipales como departamentales, es muy importante, esta
situación, teniendo en cuenta los escándalos que se han venido fomentando a lo largo del
territorio nacional, el buen manejo de los recursos públicos dice mucho de los políticos
que nos gobiernan actualmente”, indicó Tatiana Grisales, abogada boyacense.
Plazo
A tres meses de iniciado el proceso y próximo a vencerse el plazo señalado, la
Procuraduría advirtió que cerca del 16,14% de administraciones territoriales (183
alcaldías) no han entregado en forma completa la información requerida y que el 4,06%
(34 entidades territoriales) no ha tenido ingreso a la herramienta de vigilancia.
Obligaciones
Finalmente, la Procuradora Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la
Familia y la Mujer, insistió a mandatarios y mandatarias territoriales, el cumplimiento de
la Directiva 004 de 2023 del Ministerio Público, que define las obligaciones y orientaciones
específicas frente a este proceso, cumpliendo los principios contenidos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y garantizando la participación ciudadana.
