Adriana Matiz fue mencionada por la comunidad como responsable de gestionar soluciones urgentes.
En la noche del lunes 23 de junio, una tormenta de gran intensidad azotó el norte del Tolima, justo en vísperas de las celebraciones de San Juan. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de tres afluentes: el río La Yuca, el río Las Ánimas y una quebrada que atraviesa el centro poblado de Colón, en jurisdicción del municipio de Santa Isabel.
Las veredas más golpeadas fueron Colón, Las Ánimas y El Diamante, cuyos caminos rurales fueron arrasados por el agua. El caso más crítico se registró en la vereda Las Ánimas, donde el puente colapsó completamente, dejando a más de 44 familias completamente incomunicadas.
La emergencia impidió la movilidad de productos agrícolas como café, plátano, yuca y frutas, fundamentales para la economía local. Según habitantes del sector, el acceso a centros urbanos como Ibagué y Líbano se encuentra seriamente afectado, lo que pone en riesgo el abastecimiento regional y la supervivencia de los campesinos.
Además de las afectaciones viales, la comunidad expresó su preocupación por el futuro educativo de los menores. Los niños que estudian en la vereda Colón y en el centro poblado de Santa Rafael no podrán asistir a clases mientras las vías permanezcan destruidas.
La administración municipal de Santa Isabel inició trabajos de habilitación provisional con recursos propios, pero ha sido enfática en que se requiere apoyo departamental para enfrentar esta crisis. Líderes rurales hicieron un llamado urgente a la gobernadora Adriana Magali Matiz y a la alcaldesa municipal para que envíen maquinaria y personal técnico.
“Estamos aislados, sin caminos, sin puente, sin respuestas claras. Solo vienen cuando hay elecciones. ¿Dónde están ahora?”, denunció uno de los voceros comunitarios.
Según los residentes, el problema no es nuevo. Cada temporada de lluvias arrasa con lo poco que se ha construido, lo que demuestra la falta de obras estructurales. Por ello, exigen presencia institucional real, inversión continua en infraestructura y planes de mitigación del riesgo.
Mientras tanto, más de 44 familias permanecen atrapadas, sin opciones de transporte, comercio ni educación, y con el temor de quedar olvidadas una vez más.
