Emboscado y acribillado

El 25 de noviembre, sobre la vía que comunica La Plata con Neiva, en
inmediaciones del sector El Cacique, se registró un violento ataque armado contra el
Guardia Indígena Eduardo Campo, integrante del territorio ancestral Eç Ki’na Ukwe,
en Tierradentro, Cauca. Según las primeras versiones, dos hombres armados lo
interceptaron mientras se desplazaba en motocicleta hacia su lugar de residencia,
abriendo fuego de manera indiscriminada.
De acuerdo con testigos y autoridades comunitarias, los agresores se movilizaban
en otra motocicleta y aprovecharon un tramo oscuro de la vía para perpetrar el
atentado. El guardia recibió múltiples impactos de arma de fuego que
comprometieron gravemente su integridad. Aunque fue trasladado de urgencia al
Hospital San Sebastián, falleció en la madrugada del mismo 26 de noviembre
debido a la gravedad de las heridas.
Escalada violenta
Este hecho ocurrió en un contexto de tensión creciente en el oriente caucano, pues
tan solo horas antes las disidencias de las FARC habían difundido un comunicado
en el que lanzaban amenazas directas contra líderes y guardias indígenas de la
región. Las autoridades tradicionales señalaron que este ataque estaría relacionado
con dicha intimidación, lo que incrementa la alerta por posibles nuevos actos de
violencia selectiva.
Asimismo, la Organización de Guardia Indígena y los cabildos de Tierradentro
rechazaron el ataque, denunciando que la presencia de grupos armados ilegales
continúa poniendo en riesgo la vida, la autonomía y los procesos comunitarios en la
zona. Ante esto, líderes locales exigieron garantías de seguridad y acciones
urgentes del Estado para frenar el avance de estructuras criminales que buscan
desestabilizar los territorios ancestrales.
Las comunidades del Macizo y Tierradentro reiteraron que la Guardia Indígena
cumple una función humanitaria y de protección colectiva, por lo que no puede ser
objeto de ataques ni señalamientos. Señalaron además que el homicidio de
EDUARDO CAMPO evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de
seguridad territorial y la coordinación institucional.
El crimen generó profundo rechazo entre las comunidades indígenas, que insisten
en que el respeto por la vida y la autonomía debe ser una prioridad en medio del
recrudecimiento del conflicto armado.