La reconstrucción de la plaza de mercado de Acacías, presentó múltiples retrasos
y cuestionamientos en su ejecución. La obra fue contratada el 1 de noviembre de
2023 por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), durante la
administración del entonces gobernador Juan Guillermo Zuluaga y el alcalde de
ese momento, Eduardo Cortés. El contrato, identificado con el número 579 de
2023, tuvo un valor inicial de $39.435 millones, financiados con recursos del
Sistema General de Regalías de Paz.
Responsables
El contratista responsable fue el Consorcio Plaza Acacías 2023, conformado por
Construzar Ingeniería Limitada y el ingeniero Edgar Enrique Sarmiento Sabogal,
con un 90% de participación, junto a Alexander Afanador Pico con el 10%
restante. Sarmiento ya había sido relacionado con otras obras en Villavicencio,
como la Villa Olímpica, las cuales recibieron adiciones y prórrogas prolongadas.
En el proceso licitatorio participaron tres oferentes, Consorcio Plaza Acacías 2023,
Consorcio San José y la Unión Temporal Plaza 2023. Sin embargo, todos los
grupos tuvieron presunta relación con el contratista Iván Alberto Pérez Gómez,
reconocido en el departamento por su participación en múltiples contratos de
infraestructura. Este hecho generó dudas sobre una posible colusión en el proceso
de selección.
Interventoría
La interventoría fue adjudicada al Consorcio Interplaza, representado por Edwin
Fabián Henao Camargo, quien anteriormente había intervenido en la ampliación
del hospital de Villavicencio. Al parecer, Henao también tenía vínculos previos con
contratistas relacionados a otros proyectos ejecutados en el departamento, lo que
generó inquietudes sobre su imparcialidad.
El contrato establecía que la obra debía entregarse el 30 de septiembre de 2024.
Sin embargo, informes del Departamento Nacional de Planeación señalaron que, a
mediados de año, el avance financiero apenas alcanzaba el 40% y el avance físico
se situaba en el 7%. Los comerciantes reubicados manifestaron su inconformidad
debido a la demora en la entrega, lo que afectó sus actividades económicas.
Ante el bajo rendimiento, la AIM aprobó una adición de $19.500 millones para
continuar con la obra. Este incremento presupuestal generó críticas, pues se
interpretó como una forma de premiar la ineficiencia o la presunta negligencia del
contratista.
De no haberse gestionado subsidios de arrendamiento para los comerciantes
afectados por parte de la Alcaldía de Acacías, el avance físico habría sido incluso
menor, según se indicó en reuniones del Comité de Gestión del Riesgo.
