Ericka Palma afronta cuestionamientos tras auditoría sobre presuntos contratos del acueducto alterno.
La más reciente auditoría de la Contraloría General de la República dejó un duro panorama sobre la contratación del acueducto alterno de Ibagué, proyecto ejecutado entre 2017 y 2025 que, pese a las millonarias inversiones realizadas durante varios años, todavía no presta servicio. El informe reveló numerosas presuntas irregularidades en contratos de obra, consultoría e interventoría, además de un presunto detrimento patrimonial que supera los 11.200 millones de pesos. Como consecuencia del proceso fiscal, fueron ordenadas medidas cautelares sobre bienes y cuentas de varios implicados mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
Dentro del extenso documento, compuesto por 453 páginas, uno de los nombres con mayor presencia es el de Ericka Melissa Palma Huertas, quien dirigió el IBAL entre noviembre de 2021 y julio de 2025. Según el informe, durante ese periodo se suscribieron varios contratos que hoy hacen parte de la investigación adelantada por el organismo de control. La auditoría emitió un concepto de «Incumplimiento material Adverso», al concluir que la gestión fiscal evaluada presentó fallas relevantes en aspectos legales, técnicos y financieros relacionados con el proyecto del acueducto complementario.
Entre los principales hallazgos aparecen presuntos dobles pagos, reconocimiento de actividades que no cumplían especificaciones técnicas, deficiencias en los análisis de precios unitarios, pagos superiores a los realmente ejecutados y adquisición de materiales o equipos que, según la auditoría, no eran necesarios. También fueron advertidas obras canceladas sin ejecutarse, estructuras con deterioro prematuro y deficiencias constructivas que comprometerían la funcionalidad del sistema.
La Contraloría igualmente señaló que el denominado Tanque Sur continúa sin entrar en operación más de cuatro años después de haber sido construido y recibido. Asimismo, encontró incumplimientos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, falta de sistemas adecuados de drenaje, insuficiencia de puntos para monitorear presiones y caudales, además de inconsistencias en contratos de interventoría y registros contables relacionados con los activos del proyecto.
El balance final consolidó 23 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, de los cuales 20 tienen alcance fiscal por más de 11.202 millones de pesos. Las investigaciones continuarán para establecer responsabilidades individuales y definir el alcance de las decisiones que adopten las autoridades competentes frente a este proceso.
