La Contraloría General del Cauca decretó embargo preventivo sobre los bienes de Maribel Perafán Gallardo, actual Secretaria de Gobierno del departamento y exgerente de la Industria Licorera del Cauca, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-10-25. La medida responde a un posible daño patrimonial al Estado que supera los $1.685 millones de pesos, según informó el Sindicato de Trabajadores de la Industria Licorera del Cauca (Sintrabecólicas).
El sindicato destacó que este avance en el proceso es resultado de las denuncias oportunas y del control social ejercido por la organización. “La defensa del patrimonio público sí da resultados cuando se actúa con transparencia, firmeza y compromiso con la legalidad”, señalaron en un comunicado oficial. La noticia ha generado gran repercusión en la opinión pública, dado que Perafán ocupa actualmente un cargo clave en el gabinete departamental y ahora se enfrenta a serias implicaciones legales por su gestión anterior.
Posible detrimento fiscal y protección del erario
El embargo preventivo tiene como objetivo proteger los intereses del Estado ante la magnitud del presunto detrimento. La Contraloría adelanta el proceso para determinar si existen responsabilidades directas por parte de la exgerente, lo que podría derivar en sanciones fiscales de gran impacto. La investigación se mantiene abierta, y la entidad asegura que continuará siguiendo los procedimientos establecidos por la ley, lo que podría implicar nuevas medidas en caso de confirmarse irregularidades.
Este hecho ha encendido la polémica política y social en el Cauca, ya que pone en el ojo del huracán a una funcionaria que actualmente ejerce funciones de gobierno, mientras se investiga su gestión anterior. El caso resalta la importancia del control social y la vigilancia ciudadana, al tiempo que evidencia las posibles consecuencias de una administración cuestionada en entidades estratégicas del departamento.
Reacciones y el pulso político en el Cauca
Desde Sintrabecólicas, el sindicato reafirmó su compromiso con la transparencia y la defensa del bienestar colectivo de la Industria Licorera y de todos los caucanos. Sin embargo, la medida ha generado debates sobre la idoneidad y responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos, así como sobre la eficacia de los mecanismos de control interno y fiscalización.
Mientras el proceso sigue su curso, la sociedad y la política del Cauca esperan respuestas claras sobre el manejo de recursos públicos y la posible responsabilidad de la actual Secretaria de Gobierno, un caso que podría sentar precedentes en la lucha contra el detrimento fiscal y la corrupción en el departamento.
