El pasado domingo 19 de junio, Gustavo Petro fue elegido como nuevo presidente de Colombia con más de 10 millones de votos y ante este triunfo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció en la mañana del 20 de junio y señaló a través de un comunicado su voluntad política de dialogar para alcanzar un acuerdo de paz en el país.
La disposición del grupo armado para abordar temas puntuales es clara: superar el clientelismo y sacar la violencia de la política son uno de ellos, pero también, avanzar en planes de inclusión social que incluyan empleo y emprendimiento para las mayorías podría plantearse en una mesa de diálogo que se establecería después de que Petro se posesione en la Casa de Nariño el 7 de agosto.
«Este gobierno debe afrontar los cambios para una Colombia en paz. Entre los más urgentes están la inclusión política y económica, una economía soberana sin depredación. Y una nueva Doctrina de Seguridad y Derechos Humanos», dice parte del acta.
El grupo armado, que mantuvo diálogos hasta 2019 con el gobierno nacional, destacó la importancia que el nuevo gobierno debe dar a temas como «un plan de reforma agraria, un nuevo modelo de lucha contra las drogas y la continuidad al proceso de paz» para que «Colombia logre un gobierno apoyado por el movimiento popular».
Según ellos, en Colombia es necesario sustituir los cultivos ilícitos, acabar con el narcotráfico y «consensuar un modelo de transición energética para reducir el cambio climático«.
En el documento destacan que es la exclusión de las clases dominantes hacia los pueblos étnicos y las comunidades populares rurales y urbanas lo que desencadena las protestas sociales.
Las manifestaciones, dicen, se victimizan «para justificar el tratamiento de guerra del régimen». Para ellos, los movimientos alternativos o los que luchan por hacer política de manera diferente son criminalizados por «el clientelismo, los monopolios mediáticos y la violencia de las mafias«.
El presidente electo Gustavo Petro no se ha pronunciado.
