La situación de orden público en el Macizo Colombiano volvió a encender las alarmas tras la circulación de amenazas firmadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en las que el grupo armado ilegal advierte a la población sobre su intención de “depurar” a supuestos colaboradores de organizaciones narcotraficantes.
Los mensajes intimidatorios aparecieron en veredas de municipios como Almaguer, La Vega, San Sebastián y Bolívar, y declaran como objetivo militar a quienes el grupo insurgente considere cómplices del narcotráfico o actores contrarios a su control territorial.
“El ELN no permitirá el ingreso de narcos ni sus estructuras a esta región (…) advertimos a quienes colaboren con ellos que serán declarados enemigos”, dice uno de los panfletos distribuidos clandestinamente, que ya es materia de investigación por parte de las autoridades.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han denunciado el creciente clima de miedo en el que viven las comunidades del Macizo, atrapadas entre la disputa de diversos grupos armados por rutas del narcotráfico, cultivos ilícitos y control social. La población civil, particularmente campesinos e indígenas, es la principal afectada.
“La gente no duerme tranquila. Están atemorizados por las amenazas, por los patrullajes armados, y por la sensación de que el Estado está ausente”, dijo un líder comunitario de la zona, quien pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.
Frente a estos hechos, el Ministerio de Defensa anunció que se fortalecerán las operaciones en la región, mientras que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que advierte sobre el riesgo de desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y violencia selectiva.
Las comunidades, por su parte, insisten en la necesidad de una presencia integral del Estado, no solo militar, sino también en salud, educación, infraestructura y garantías para sus derechos fundamentales
